Escocia, ‘brexit’ e integridad territorial británica
la situación de confusión que atraviesa el sistema político británico tras el resultado del referéndum sobre el brexit ha abierto una crisis constitucional que podría desembocar en la fragmentación del Reino Unido en diferentes entidades territoriales que tratarán de buscar soluciones individuales al problema urgente de la regulación de sus relaciones con la UE.
Entre los factores que contribuyeron al rechazo en el referéndum de la propuesta de secesión de Escocia tuvo fuerza el temor de sus habitantes a que la separación del Reino Unido les dejara fuera de la UE. Durante la campaña de dicho referéndum se presionó desde muchas instancias (incluido el Gobierno español) para dejar claro que la independencia de Escocia provocaría su salida de la UE y que una Escocia independiente tendría que pedir el ingreso en la UE como tercer Estado, con los consiguientes peligros para la economía de la región y el bienestar de sus habitantes.
Ahora, el resultado del referéndum sobre el brexit ha invertido los términos de la cuestión. Escocia quedará en principio fuera de la UE si el Reino Unido se retira de la Unión. Solo como nuevo Estado independiente podría Escocia permanecer en la UE. En este contexto, no sorprende el movimiento político realizado por la ministra principal de Escocia.
El discurso populista de la primera ministra Theresa May encalla en Escocia, territorio cuya población votó mayoritariamente a favor de la permanencia en la UE (62% contra un 38%). En defensa de los intereses de Escocia y ante la hipótesis de un brexit “duro” la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha anunciado un proyecto de ley para la celebración de un segundo referéndum de independencia, dos años después de la anterior consulta. La presión sobre Londres se centra en lograr tener opciones abiertas que pasan por dotarle de competencias sobre inmigración, poderes para cerrar acuerdos comerciales independientes y la difícil, por compleja, permanencia en el mercado único europeo aunque el Reino Unido lo abandone.
La presión recae sobre Londres, porque el planteamiento negociador e incluso la eventual celebración de un segundo referéndum persigue evitar la salida forzosa de Escocia de todo lo que representa la UE. Ambas vías (negociación con Londres o referéndum) se proyectan temporalmente en un momento anterior a la materialización de la salida británica de la UE, prevista para mediados de 2019.
Reino Unido tiene que afrontar que Escocia es abiertamente europeísta, y a este problema territorial interno se suma Irlanda del Norte: los Acuerdos del Viernes Santo de 1998 tienen como referencia de fondo la común pertenencia de Irlanda y el Reino Unido a la UE, proceso que se verá interrumpido originando la reapertura de los controles fronterizos de personas y mercancías entre Irlanda y el Ulster. En el caso de que Irlanda del Norte optara por reunificarse con la República de Irlanda podría pasar a integrase plenamente en la UE, como ocurrió en el caso de la reunificación de Alemania en 1990, sin necesidad de solicitar formalmente el ingreso en la UE como nuevo Estado miembro.
Volviendo a Escocia, Sturgeon intenta con toda lógica y en defensa de los intereses de los escoceses que la salida del Reino Unido no comporte la suya (el precedente de Groenlandia con Dinamarca no es válido para este caso, porque Dinamarca permaneció en la UE), pero para ello tendría que previamente ser reconocida como Estado por la Comunidad internacional (voto favorable de la Asamblea General de Naciones Unidas a propuesta del Consejo de Seguridad, donde cada uno de los “5 grandes” (Reino Unido, EE.UU., Francia, Rusia y China) tiene derecho de veto. Solo con que uno de ellos lo ejerciera la propuesta no podría ser enviada a la Asamblea General; y una vez logrado tal reconocimiento se plantearía su continuidad en el seno de la Unión, mal que le pese a Rajoy, encendido defensor ahora de la integridad territorial inglesa.
No existe ninguna norma especial para el caso de que una parte del territorio de un Estado miembro solicite el ingreso en la UE después de que el Estado matriz (Reino Unido) se haya retirado de ésta. En el caso de que Escocia o cualquier otra región del Reino Unido accediera a la independencia antes de transcurrido el plazo de dos años para la retirada del Estado matriz, dicha región podría solicitar y negociar su ingreso en la UE como nuevo Estado independiente. Todo esto está en juego, y el carácter flexible de la Constitución británica deja abiertas todas las posibilidades.