la ausencia del PP en la Mesa del Parlamento Vasco tendrá “consecuencias”, advirtió el presidente de este partido en Euskadi, Alfonso Alonso. Y la amenaza se cumplió no ya después del pasado viernes que fue el día de la constitución del nuevo Parlamento Vasco resultante de las elecciones del pasado 25 de septiembre, -como pudiera ser preceptivo-, sino justamente un día después de lanzar esa advertencia en la cadena de radio propiedad de la Conferencia Episcopal Española.

Ocurrió el pasado martes en la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados en Madrid cuando el PP, de la mano del parlamentario vasco Leopoldo Barreda, rechazó junto con Podemos y EH Bildu, obviamente por diferentes motivos, una proposición no de ley presentada por el diputado del PNV por Gipuzkoa, Iñigo Barandiaran, para recabar al Gobierno español su compromiso de concluir cuanto antes la Y vasca y la presentación urgente de un plan de obra ante la importante paralización que el TAV está sufriendo en Euskadi, así como ampliar la encomienda de la gestión que actualmente desarrolla el Gobierno Vasco en el tramo guipuzcoano al nudo de Bergara y los accesos a las tres capitales vascas.

El diputado jeltzale Barandiaran había transaccionado la iniciativa con el PSOE, a través del parlamentario Odón Elorza, y con Ciudadanos, -que también aceptó la financiación por parte del Gobierno Vasco de la obra con cargo al Cupo en concordancia con el régimen del Concierto Económico si el Ejecutivo español no cumplía con sus compromisos-, mientras que la propuesta del PP no aportaba nada sustancial al texto de la proposición no de ley con lo que se daba por descontado su apoyo o, cuando menos, su abstención.

La sorpresa vino en la sesión de la comisión cuando, en vez de intervenir el portavoz del PP en la misma, el diputado castellonense Miguel Barrachina, lo hizo el parlamentario vasco Leopoldo Barreda que, en un discurso pobre y mal argumentado en la defensa del compromiso de su partido con la construcción del TAV en Euskadi, rechazó la propuesta del PNV uniendo sus votos a los de Podemos y EH Bildu, que se oponen a la construcción de esta infraestructura, con lo que la iniciativa presentada por Iñigo Barandiaran no prosperó.

El rechazo del PP no supone en la práctica ningún cambio porque la chapuza en la gestión de las obras del TAV que está haciendo el Gobierno español en Euskadi es de tal magnitud que el retraso que están teniendo va a hacer imposible que puedan concluir para el año 2019 cuando todavía hay que licitar nuevamente el nudo de Bergara, pero, sin embargo, tiene un alto contenido político ya que pone en evidencia la falta del compromiso que el Ejecutivo de Madrid tiene en la ejecución de esta infraestructura que es fundamental para el desarrollo de Euskadi.

Es la primera constatación de la evanescencia del discurso que durante la última campaña electoral realizó el PP a la hora de situar su prioridad política en la defensa de los intereses de los vascos cuando a la primera oportunidad que se le presenta tira por el camino de en medio y elude asumir sus responsabilidades en el reiterado incumplimiento de sus compromisos con la construcción de la línea ferroviaria de Alta Velocidad en Euskadi, que por desgracia sigue siendo una competencia exclusiva del Estado. Y todo ello en una demostración de comportamiento pueril basado en el rencor más rancio.

“Respaldamos la llegada del AVE a Euskadi, - Y vasca-, como una infraestructura moderna y medioambientalmente sostenible. El AVE es una necesidad para la sociedad vasca, cuya culminación debiera garantizarse esta legislatura. Por lo tanto daremos prioridad a la ejecución de este sistema de transporte, que supone la mayor inversión de la historia de Euskadi”. Esto es lo que dice en el punto 131 el programa electoral con el que el candidato a Lehendakari, Alfonso Alonso, se presentó a las pasadas elecciones vascas.

Pero el compromiso electoral del PP no queda allí, sino que expresa su voluntad nítida de trabajar “para evitar desencuentros y forzadas polémicas con el Gobierno de España y, por el contrario, promoveremos la colaboración y cooperación entre instituciones también en materia de financiación de las entradas de la Alta Velocidad en las capitales del País Vasco”.

Como podemos ver los programas electorales están para no cumplirlos y en esto el PP ha demostrado sobrada experiencia, incluso batiendo récords en el ejercicio de su inaplicación sin ni siquiera dar comienzo a la legislatura para la que se han elaborado como puede ser el caso.

Lo que está claro es que los plazos que en su tiempo anunció la exministra de Fomento y, hoy, flamante presidenta del Congreso, Ana Pastor, de fijar la puesta en marcha de la Y griega vasca para el año 2019 no se van a cumplir porque los subtramos del nudo de Bergara requieren un plazo de ejecución de 48 meses, cuando las obras todavía no han empezado a día de hoy, a lo que hay que añadir el rediseño de los proyectos para facilitar el uso de las tuneladoras y volver a licitar el proyecto que, cuando menos, se iniciaría dentro de dos años.

Esta es la demostración más palpable de la ineficiencia en la gestión del TAV en Euskadi de la que es responsable el PP al aceptar bajas temerarias por parte de las constructoras que se adjudicaron el concurso de los cinco tramos del nudo de Bergara en los años 2014 y 2015 que dieron lugar a retrasos porque las adjudicatarias reclamaban sobrecostes que, al final, han provocado la rescisión de los contratos y la suspensión temporal de las obras. A día de hoy, no se sabe cuándo el Gobierno español va a licitar de nuevo el nudo de Bergara por lo que la preocupación que, en este sentido, puso el PNV de manifiesto en el Congreso de los Diputados está más que justificada.

La sentencia del TSJPV ha creado polémica, en primer lugar, entre los profesionales del derecho laboral que han puesto de manifiesto algunas faltas de consideración del fallo como que las indemnizaciones no se pueden equiparar cuando las condiciones de trabajo, la actividad, el objeto del mismo de un trabajador temporal y otro fijo no sean las mismas.

Así, no es lo mismo un trabajador que temporalmente sustituye a otro fijo por una excedencia o por una baja de un empleado fijo, que uno cuyo trabajo es por un período determinado y prefijado con anterioridad.

En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE pone de relieve una deficiencia en el actual marco jurídico, donde el legislador, en este caso el Parlamento español, se ha preocupado mucho por los costes laborales de las empresas y en fijar los límites de la indemnización, sin entrar a definir la casuística existente entre un empleo fijo y otro temporal.

No es la primera vez que se produce una colisión entre los jueces y los empresarios por la interpretación de la Reforma Laboral que han hecho en sus sentencias en contra de los intereses de éstos, pero yo no he visto una reacción tan furibunda como en el caso de la magistrada Garbiñe Biurrun, a la que le hacen responsable de la situación de inseguridad jurídica que se ha podido crear con el fallo. Incluso le han tildado de imparcial por aventurar que va a haber una avalancha de demandas por parte de trabajadores temporales para reclamar equiparar sus indemnizaciones de 20 días por año trabajado como tienen los empleados con contrato indefinido, aunque las cantidades que vayan a percibir no sean importantes.

Que algunos empresarios le tienen ganas a Garbiñe Biurrun está claro, pero la cordura es una buena consejera en estos momentos para analizar y resolver una situación como es la de los cinco modelos de contratos laborales existentes que han tenido como consecuencia un aumento de la precariedad de los trabajadores.

Y esa es una cuestión que el poder legislativo debe resolver con carácter inmediato para evitar este tipo de situaciones.