Mirar al Norte

A pesar de que la decisión tiene un carácter meramente consultivo, ya que el Parlamento Europeo tiene voz pero no voto, el varapalo que ha recibido la Comisión Europea por parte de la Eurocámara puede tener un efecto en la inaplicación de la medida, ya que el órgano legislativo puede retrasar indefinidamente la decisión.

Este es un ejemplo del cambio profundo que se está produciendo entre los partidos europeos, que pueden estar ya interiorizando que igual se han pasado de frenada a la hora de aplicar más recortes a los ciudadanos en aras al cumplimiento del déficit por las consecuencias tan negativas que en materia de igualdad social y aumento de la pobreza se han producido.

De otra forma no se entiende que los propios eurodiputados que, en su día, acordaron la suspensión de los fondos estructurales, al margen de la incoación de multas, como sanción a los países miembros que no cumplieran con el déficit, renieguen ahora en bloque de aplicar tal medida al considerarla “absurda”, “injusta” y “peligrosa”.

El problema de las sanciones que podría tener el Gobierno español por incumplir de manera reiterada las decisiones de Bruselas al no aplicar las medidas correctoras a una deuda que ya está por encima del PIB y de no atajar el déficit público, incluso aumentarlo con rebajas de impuestos con fines electorales, no está tanto en lo que puede afectar al propio Estado, sino a aquellas regiones, como el caso de Euskadi que, a pesar de haber cumplido de manera rigurosa con las exigencias de la UE, podrían verse afectadas por la suspensión de esos fondos estructurales europeos. Es decir, que iban a pagar justos por pecadores.

La ausencia de esos 1.300 millones de fondos estructurales de la UE tendrían su efecto en Euskadi en lo que se refiere a la apuesta que tanto la CAV como Navarra están haciendo por la industria inteligente, la innovación, la diversificación en el sector primario o las inversiones vinculadas a las redes transeuropeas de transporte, donde está incluida la Y vasca.

La irresponsabilidad del PP y de su presidente, Mariano Rajoy, podría suponer que a Euskadi dejen de llegar 200 millones de euros comprometidos con programas de inversión en innovación, infraestructuras, sector primario, etc. Esa podía haber sido la gracia de la inoperancia de un gobierno que si antes no funcionaba, ahora que está en funciones es inexistente.

Por eso, la europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, presentó el pasado 20 de septiembre -con anterioridad al rechazo de la Eurocámara-, una pregunta a la Comisión Europea en la que pedía la exclusión de la CAV y Navarra de la sanción sobre la congelación de los fondos estructurales al Estado español, al entender que esos territorios han cumplido con el pacto de estabilidad y han sido cuidadosos con el déficit y la deuda.

“No merecemos ninguna sanción porque está en juego seguir contando con la ayuda comunitaria para apoyar la economía productiva y el desarrollo económico y social”, afirma la europarlamentaria jeltzale en su iniciativa parlamentaria.

La vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo basa su petición en que tanto la Comunidad Autónoma Vasca como Navarra son dos comunidades que cuentan con regímenes fiscales que tienen independencia normativa, institucional y económica, de acuerdo con las condiciones que establece el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo para considerar un sistema fiscal autónomo.

En este sentido, si esa excepcionalidad fue tenida en cuenta cuando las haciendas forales vascas fueron sancionadas por las denominadas “vacaciones fiscales”, de la misma manera deberá servir para no aplicar las restricciones que afectan al Estado español. Es lo mismo que ocurrió entonces pero a la inversa.

El asunto es importante porque mientras las comunidades de régimen común pueden ser rescatadas por el Estado ante una pérdida en el flujo de sus ingresos, en el caso vasco esa posibilidad no existe por el régimen del Concierto Económico y la autonomía fiscal. La situación todavía es más injusta cuando a esa condición se le añade el cumplimiento de los objetivos de estabilidad requeridos por Bruselas, frente a la situación que presentan otras comunidades autónomas del Estado.

Otro ejemplo más del coste de la dependencia que supone para Euskadi formar parte de un Estado cuyo gobierno actúa de manera irresponsable, creando situaciones de todo punto de vista injustas y perjudiciales para aquellos que cumplen con las normas.

De la misma manera puede deducirse de los fondos europeos de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) que, en el caso del Estado español, alcanzan los 730 millones de euros, de los que 9,2 millones tenían como destino Euskadi, y que el Gobierno del PP ha tardado cuatro meses y medio en adjudicarlos.

Que el Gobierno español ha actuado tarde, de manera precipitada y sin atender debidamente a la importancia de las propuestas es la conclusión a la que se llega cuando se conoce que la publicación en el Boletín Oficial del Estado en el que aparece la lista de proyectos seleccionados para recibir las ayudas comunitarias se produjo el pasado lunes, día 3 de octubre.

Curiosamente, cuatro días después de la presentación de la pregunta que la europarlamentaria Izaskun Bilbao dirigió a la Comisión Europea el 29 de septiembre sobre los retrasos en la adjudicación de las ayudas por parte de Madrid.

En la iniciativa parlamentaria, Bilbao pregunta a la Comisión Europea si conoce las razones del retraso por parte del Estado español en la adjudicación de las ayudas a los proyectos vinculados al EDUSI, cuyo plazo concluía el pasado 16 de mayo.

La ausencia de información sobre los proyectos seleccionados “provoca además de la lógica incertidumbre, problemas de planificación presupuestaria y retrasos en el comienzo de las actuaciones, lo que puede propiciar que no se puedan certificar todas las iniciativas en los plazos que preveían los promotores y que exigen las autoridades comunitarias”, afirma Izaskun Bilbao en su escrito.

Otra muestra más de la inoperancia de un gobierno del PP porque esta cuestión entra de lleno en las actuaciones que debe hacer un ejecutivo, a pesar de estar en funciones, porque aquí la toma de decisiones no son de carácter político, sino que los proyectos se ajusten o no a las condiciones exigidas. Salvo que actúe de manera apresurada, con frivolidad y desconocimiento de la realidad como puede ser este caso, sin tener en cuenta otro tipo de actuaciones que pueden ser más urgentes por el largo e innecesario tiempo que se ha perdido en la regeneración de la bahía de Pasaia.

Si ese sentido común con el que a Rajoy se le llena la boca cuando habla de la gobernanza es el mismo que estamos viendo, ni qué decir tiene que la presunta alternancia futura en el Gobierno español que pretende Susana Díaz -la muñidora del golpe de estado en el PSOE que ha hecho dimitir a Sánchez-, debería estar en cuarentena durante un largo tiempo a juzgar por el aval de ineficiencia que acredita la lideresa andaluza.

Andalucía es la comunidad en términos absolutos donde más ciudadanos viven de las subvenciones y de las prestaciones del Estado frente a los trabajadores empleados en compañías privadas.

Un total de 2,1 millones de beneficiarios de ayudas públicas existen en Andalucía, mientras los asalariados del sector privado suman 1,7 millones, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y todo ello con un paro del 29,1%, el mayor de toda Europa, algo que parece que, en este momento, no le preocupa mucho a Susana Díaz a juzgar por la dirección a donde dirige sus energías.

A la lista se suma Extremadura, cuyo presidente también ha participado en el asalto de Ferraz. Etxremadura es la región del Estado más dependiente del Presupuesto público, ya que el 37% de sus ciudadanos está subsidiado, en concreto, 322.727 personas frente a los 203.200 que trabajan en el sector privado. Una magnífica tarjeta de presentación que demuestra la realidad del problema sistémico que tiene el modelo productivo español, mucho más en esas regiones, donde han gobernando los socialistas desde hace varias décadas sin que los indicadores económicos hayan cambiado de manera drástica en los últimos años, a pesar de los ingentes recursos que, como en el caso de Andalucía, han recibido de Bruselas. Todo un ejemplo de lo que no hay que hacer y de que hay que seguir mirando al norte como referencia.