Lo que hace unos días fue considerado como una gran oportunidad para los proveedores de Gamesa, su adquisición por parte de la alemana Siemens por lo que suponía de aumento de tamaño, fuerte posicionamiento en el mercado y una enorme capacidad de ventas, y, en consecuencia, de compras, se ha convertido en un mero espejismo cuando se ha conocido el texto del acuerdo que regula las condiciones de integración del negocio eólico de las dos compañías en donde la multinacional germana se convierte en "proveedor estratégico".
Esto quiere decir que los 700 proveedores de Gamesa en Euskadi, de los que 300 son guipuzcoanos y que facturan 250 millones de euros, de los que el 40% se quedan en el territorio, ya pueden ir cambiando de portafolio o buscar nuevos clientes. Y eso sin contar con la posibilidad de que la compañía alemana termine por imponer también a sus proveedores de cabecera. Por no hacer mención a la ubicación de la sede social y del negocio terrestre de la nueva compañía, en donde en el contrato pertinente se recoge una frase tan genérica como inconcreta al señalar que "permanecerán localizados en España". No se sabe si en Zamudio o en Iruñea o vaya usted a saber dónde.
Es un nuevo ejemplo del traslado al exterior de los centros de decisión de importantes empresas estratégicas vascas que se está produciendo desde hace algún tiempo bien con la entrada de socios inversores industriales extranjeros o de fondos de capital riesgo donde el valor de la permanencia en el negocio se configura con el paso de los años en una ausencia de rentabilidad.
Sin embargo, afortunadamente, todavía quedan en Euskadi personas que creen en su futuro y en el desarrollo de su economía y su industria hasta el punto de que se enmarcan en proyectos tan ilusionantes como la fusión de las SGR Elkargi y Oiñarri, que se presenta como un auténtico proyecto de país en el sentido literal del término ya que la sociedad vasca en su conjunto será la máxima beneficiaria, si partimos de que la existencia de fluidos instrumentos de financiación hacen mantener la actividad de las empresas y con ello, la creación de riqueza y la generación de empleo.
La nueva SGR resultante, que formalizará este año alrededor de 330 millones de euros en nuevos avales, lo que significa, por el efecto multiplicador de uno a tres, movilizar unos 1.000 millones de euros de créditos al año en condiciones ventajosas para las empresas y que se convertirá en la primera del Estado con una cuota del 24% de riesgo vivo total por los 1.110 millones de euros que avala, es la resultante de un proceso que está en perfecta sintonía con las políticas del Banco de España y de la Compañía de Española de Reafianzamiento (Cersa), que se dedica a reavalar los préstamos aprobados por todas las SGR estatales.
Desde esos organismos, que han estado informados puntualmente de todo este proceso que se inició hace un año, se ha impulsado, por un lado, el aumento de la actividad avalista para favorecer la recuperación económica, en la que la nueva entidad financiera encaja perfectamente ya que forma parte de su ADN, y, por otro lado, la necesidad de aumentar tamaño en paralelo a la concentración de entidades bancarias en el Estado que todavía está pendiente a la espera de su cierre.
Con el nuevo tamaño la nueva Elkargi va a adquirir mayor nivel de interlocución y, en definitiva, más fortaleza a la hora de conseguir unas mejores condiciones crediticias para las empresas ante un sector bancario más concentrado y, por ende, más impermeable a una mayor exposición al riesgo. También hay que destacar la mayor accesibilidad que puede tener la nueva entidad para acceder al Fondo Europeo de Inversiones (FEI), con el que en la actualidad Elkargi, gracias a la actuación de su director general, Marco Pineda, tiene dos líneas de avales de apoyo a los emprendedores y de impulso a la innovación.
El próximo día 19 será el consejo de administración de Cersa -entidad dependiente del Ministerio de Industria y que asume a través de reavales el riesgo de todas las SGR del Estado-y dará con toda probabilidad el pistoletazo de salida a la nueva Elkargi, con lo que los consejos de administración de las dos SGR darán el visto bueno la fusión y trasladarán la decisión a las respectivas juntas generales que, con carácter extraordinario, se reunirán en el mes de septiembre.
Para ello, Cersa deberá modificar el límite del 20% del riesgo vivo que puede tener esta entidad con una SGR, ya que la suma de Elkargi, que tiene 19%, y Oinarri con el 5% superan ese porcentaje con el 24%. Esta disposición, que adapta las circulares del Banco de España para limitar la concentración de riesgos en una única empresa o grupo de empresas en la concesión de créditos, se completa todavía más, cuando aguas abajo, las SGR tienen limitado el 20% del riesgo vivo en una sola compañía, con lo que parece prácticamente imposible que pueda darse una situación de insolvencia al mismo tiempo en las 4.000 empresas que tienen avales de Elkargi por valor de 800 millones de euros.
Y mientras la nueva Elkargi se hace realidad, hay que felicitarse porque en este país haya empresarios como el consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, o el director general de Irizar, José Manuel Orcasitas, que siguen creyendo en él, invirtiendo para que sea un referente industrial en el mundo e incluso se recupere diez años después sus centros de decisión en manos vascas, como en el caso del grupo siderúrgico.
Jainaga, junto con seis directivos, ha protagonizado una operación MBO (Management Buy Out), a la que estamos muy poco acostumbrados ver por aquí, ante el riesgo de que las ofertas que le llegaban a la antigua propietaria de Sidenor, la brasileña Gerdau, contemplaban importantes ajustes de plantilla, e incluso el cierre de instalaciones para desplazar el 50% de la producción a factorías de los potenciales compradores en el extranjero.
En su primera comparecencia pública, Jainaga ha puesto encima de la mesa una interrogante que deberá responder con la máxima prontitud el Gobierno Vasco en relación a su falta de apoyo en esta operación de rescate industrial a través de instrumentos como el fondo Ekarpen o la Sociedad de Capital Riesgo cuando hay un mandato del Parlamento Vasco de julio de 2014 que insta al Ejecutivo a utilizar esas herramientas para evitar el traslado de los centros de decisión de empresas importantes fuera de Euskadi. "Espero que no haya sido por las personas que nos poníamos al frente del proyecto o porque no confían en la viabilidad de la empresa, porque sí es viable", ha asegurado Jainaga.
También hay que resaltar la importancia que va a tener para este país la puesta en marcha en enero de la planta de Aduna, con una inversión de 75 millones de euros, donde el Grupo Irizar va a concentrar la producción de autobuses y vehículos industriales eléctricos, en lo que supone anticiparse y adelantarse a un futuro en la que la movilidad en las ciudades va a estar soportada en la energía eléctrica. Si hace años la decisión de Irizar de abandonar poco a poco su actividad exclusivamente carrocera para centrarse en la producción de autocares integrales, es decir, tanto chasis como carrocería, fue vital, la apuesta hace dos años por el autobús eléctrico garantiza una gran parte de su futuro. Y todo ello apostando por el país y creando un potente grupo industrial con la adquisición de cinco empresas, de las que tres tienen su sede en Euskadi.
