El escándalo de las sociedades y cuentas residenciadas en Panamá es uno más, dentro de una serie de síntomas que muestran las derivadas de un mal uso de la globalización y la libre circulación de capitales. Abrir una cuenta o constituir una sociedad en Panamá o en otro país extranjero no es en sí mismo ni ilegal ni amoral. Lo inadmisible es opacar esa información, utilizar tal pantalla para ocultar rendimientos que deben ser tributados en el Estado de residencia. Economía sumergida, paraísos fiscales, deslocalizaciones fraudulentas o insolidaridad fiscal son conceptos que se repiten ante el eco social de descontento e indignación que provocan este tipo de comportamientos tan incívicos como, en muchos casos, ilegales.

¿Qué hace Europa para optimizar los controles ante el fraude? ¿Por qué no se comunitariza esta competencia de control? ¿Por qué no se controla el flujo de capitales con el mismo ardor con el que se persigue a los inmigrantes y refugiados? ¿Por qué no se pone coto al enorme colchón de fraude y evasión que en el interior de Europa se consolida y aumenta? ¿Cómo poner en marcha mecanismos eficazmente preventivos para evitar que en un futuro se produzca una crisis de tal dimensión como la que ahora nos sacude?

Demasiados interrogantes sin clara respuesta. Merece la pena reflexionar sobre algunas casi obscenas manifestaciones de este fraude que nos hunde un poco más en el fango de la insolidaridad y la autarquía, del sálvese quien pueda en lugar de la mutualización de los riesgos y de las pérdidas que genera esta situación de zozobra económica y financiera.

Como ejemplo, basta la muestra de los numerosos analistas internacionales que afirman, sin inmutarse, que los paraísos fiscales son “pilares esenciales de la mundialización económica”, al tener una influencia considerable en las estrategias de inversión de las multinacionales y en la división internacional del trabajo. Y admiten, sin rubor alguno, que su supresión representaría un peligro para la estabilidad financiera internacional. ¡Inadmisible gesto de pedagogía social en medio de recortes sociales brutales!

Como un primer modo corrector de injusticias los ciudadanos miramos hacia esos paraísos fiscales. Y quedamos perplejos porque siendo posible intervenir, ya que la información existe, no se actúa con la contundencia punitiva que sería deseable. Este momento podía haber sido la oportunidad de la UE para rediseñar su papel a nivel mundial, pero el exceso de voces, las distintas políticas internas y exteriores de los países miembros han reducido su efectividad.

Lo que más desconcierta e indigna a los ciudadanos europeos es la pasividad de sus autoridades políticas ante estos paraísos bien identificados y que minan directamente los pilares del modelo social europeo. Liechtenstein, en el corazón geográfico de la UE, aporta cifras elocuentes: 35.000 habitantes, 70.000 fundaciones, 110.000 millones de euros depositados en cuentas bancarias cuyo titular es imposible conocer. Suiza, Luxemburgo, Malta o Chipre, estos tres últimos miembros de pleno derecho de la UE, mantienen legislaciones que de facto les convierte en paraísos fiscales dentro de la propia UE.

El secreto bancario es la principal fuente de prosperidad de los establecimientos financieros de tales Estados, porque el dinero procedente del blanqueo, de la corrupción, de los diversos tráficos y, sobre todo, de la evasión fiscal ha podido fructificar allí con casi total impunidad.

Estos paraísos fiscales ocupan un lugar destacado en el centro de nuestra economía: en la Unión Europea, el fraude fiscal representa de media entre el 2 y el 2,5% del PIB. Una política de lucha eficaz contra los paraísos fiscales conlleva adoptar un plan de acción a largo plazo, basado en una articulación jurídica de políticas europeas y nacionales, para minimizar las repercusiones económicas y financieras. Será necesario pasar por encima de la soberanía de los Estados culpables, para lo cual es necesario un impulso político actualmente inexistente.