aSÍ se denomina en la jerga carcelaria el cumplimiento íntegro de una condena, sin haber tenido la oportunidad de acogerse a ninguno de los beneficios penitenciarios previstos en la ley. A pelo han cumplido su pena Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez, desde que fueran detenidos el 13 de octubre de 2009. El Tribunal Supremo les condenó a seis años de cárcel, y los han consumado a pelo, año a año, mes a mes, semana a semana, día a día.
En una reciente entrevista en un programa televisivo, el exmagistrado Baltasar Garzón tuvo la desfachatez de reconocer que él fue quien metió en la cárcel a Arnaldo Otegi, aunque está convencido de que no tiene sentido que el dirigente abertzale siga en la cárcel ya que “puede hacer mucho más por la paz y el desarrollo en el País Vasco fuera que dentro”. Solo desde el cinismo y la arrogancia puede mantenerse semejante incoherencia, que el mismo que mandó encarcelar reivindique ahora la libertad del encarcelado.
Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez fueron, por decirlo así, la parte menos conocida de la redada policial llevada a cabo en la sede de LAB en Donostia, una redada ordenada por el juez Baltasar Garzón que fue orquestada por los grandes medios anunciando la detención de la cúpula -cómo no- de Batasuna y, por consiguiente de ETA, según el imaginario del “juez estrella”. Por supuesto, las tres personas que hoy recuperan la libertad apenas sí sonaban entre los pesos pesados que aireaban los medios: Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabiaga y Rufi Etxeberria como suficientemente conocidos. Tres detenidos más, José Manuel Serra, Amaia Esnal y José Luis Moreno fueron puestos en libertad posteriormente, así como Rufi Etxeberria. Otegi y Díez Usabiaga siguen cumpliendo a pelo los seis años y medio de condena.
Además de otras consideraciones que se harán más adelante, este es un ejemplo brutal más de lo que suele denunciarse como justicia vindicativa, una forma de administrar la justicia basada en la venganza, en la revancha, en el ajuste de cuentas ejercido por el Estado contra la persona que delinque según la legislación impuesta desde el poder. Evidentemente, el de los detenidos por el caso Bateragune no es un hecho aislado, porque esta forma indeseable de ejercer la justicia es práctica generalizada aplicada a todos los presos condenados por supuesta vinculación con ETA. Y esa es la norma, independientemente de los posicionamientos tácticos que sobre ella se hayan producido en las cárceles a lo largo del tiempo.
Y si es un sinsentido esta aplicación de la justicia vindicativa sobre los presos, otro disparate político fueron las razones por las que Baltasar Garzón ordenó las detenciones del 13 de octubre de 2009 en la sede de LAB. Tanto el juez como los servicios secretos, las fuerzas policiales o los expertos en la investigación de la izquierda abertzale sabían perfectamente que lo que estaban tratando los detenidos no era la reconstrucción de Batasuna. Por la abundancia de documentos que en ese momento iban circulando tanto en las cárceles como en la calle, sabían que el movimiento que denominaron Bateragune lo último que pretendía era una “conspiración terrorista”, como quisieron interpretar la policía, el juez y el fiscal.
En el auto redactado por el juez Garzón para justificar el procesamiento, acusaba a Otegi y Díez de actuar “bajo el control y la dirección de ETA”, y que Otegi tenía la misión de “conseguir treguas encubiertas” para facilitar contactos y acuerdos entre agentes políticos contrarios a la violencia. De nuevo incoherencias, suposiciones y contradicciones que, albardadas en un ambiente favorable a la venganza y al escarmiento convirtieron a aquellos detenidos en “la cúpula” civil de la perversidad etarra.
Los dos que aún seguirán en prisión -Otegi y Díez-, los tres que van a salir en libertad este fin de semana y los cinco que quedaron libres estaban reunidos, por supuesto, para debatir sobre una decisión ya tomada que no era otra que el desarrollo de una estrategia llevada a cabo exclusivamente por vías políticas, lo que conllevaría la declaración unilateral de ETA de una tregua permanente y verificable por la comunidad internacional. Los detenidos estaban preparando las bases del debate estratégico que, a pesar de las detenciones, se llevó a cabo en los meses siguientes y acabó primero con la Conferencia Internacional de Aiete, la renuncia definitiva de la lucha armada por parte de ETA y la presentación del partido Sortu que rechazaba la violencia.
En conclusión, que los cinco condenados por el denominado caso Bateragune están cumpliendo a pelo sus condenas por haber acelerado el final de ETA, por haber reconducido al MLNV hacia un partido político legal y como víctimas de una justicia vindicativa aplicada por impulso político. Y aplicada además por un juez engreído y egocéntrico que urdió la tesis del “todo es ETA”, una especulación que mutiló libertades y derechos básicos de una parte de la sociedad vasca y llevó a la cárcel a cientos de personas.
