¿Es posible el acuerdo?

artur Mas ya ha convocado elecciones para el 27 de septiembre. En tiempo y forma. Quizá las elecciones más trascendentales de la historia moderna de Cataluña. Una apuesta arriesgada la de Mas, que requiere un análisis basado en hechos sólidos, procurando dejar de lado la hojarasca de los argumentos discutibles que inevitablemente serán interpretados de forma contradictoria e interesada por las partes afectadas y no ayudarán a la solución

Hecho incontestable es que ese 50% de independentismo señalado en las encuestas no encuentra respuesta a sus demandas. Esta situación se enquista y se agudiza, porque el Gobierno central no hace oferta alguna ni siquiera está dispuesto al diálogo.

Hecho incontestable es que la demanda de Cataluña comenzó en el marco de un nuevo Estatut aprobado por el Parlament. Su impugnación llevó a muchos catalanes a la conclusión de que por ese camino no iba a ser posible un nuevo encaje de Cataluña en España.

Hecho incontestable es que la independencia no cabe en la actual Constitución española, pero también es incontestable que no todas las reivindicaciones de Cataluña son inconstitucionales. El Gobierno central insiste hasta la exasperación que en una democracia se tiene que cumplir la ley. Eso es verdad, pero no toda la verdad: las leyes, cuando así lo decide la mayoría, pueden ser modificadas por la vía política. Y en este caso, argumentar que quien detenta la mayoría no es el pueblo catalán sino el español es hacer trampa y empecinarse en un inmovilismo injusto que niega cualquier interpretación progresista -o simplemente justa- de las leyes. El progreso político, históricamente, se ha logrado gracias a la modificación de las leyes y ha habido líderes políticos que han perdido la vida en defensa de un cambio legal que consideraban justo. Basta recordar a Lincoln, a Gandhi, a Luther King.

El Gobierno central negó la posibilidad constitucional de una consulta no vinculante para saber qué quiere la ciudadanía catalana. No se dio ninguna razón sólida para esa negativa, pero está claro que fue el temor al resultado, que pudiera visualizarse que una mayoría de esa sociedad está en desacuerdo con la actual situación, lo que en una democracia sólida obligaría a tomar las medidas de modificación legal necesarias para solucionarlo.

El Gobierno central y los partidos de ámbito estatal que operan en Cataluña se empeñan en que “el problema catalán” ha sido provocado de manera artificial por el president Artur Mas. Pero los catalanes y catalanas saben que el president ha sido presionado por la sociedad a través de las asociaciones civiles que reivindican la independencia para Cataluña.

La CAV y Cataluña están sujetas a la misma Constitución, pero la financiación vasca está amparada por una Disposición Adicional que en su momento se negoció ante el menosprecio de los representantes catalanes.

La defensa de la unidad de España ha sido electoralmente rentable fuera de Cataluña, y esa circunstancia ha impedido cualquier negociación entre el Gobierno central y la Generalitat. Ese empeño por la unidad y la uniformidad defendidas incluso con agresividad, ha enconado las relaciones y agotado la paciencia de buena parte de la ciudadanía catalana, que hace dos años ni siquiera se planteaba la vía hacia la soberanía.

Las elecciones del 27 de septiembre servirán para conocer el soporte ciudadano que tiene la independencia y, por incierto que sea el resultado, va a ratificar que España tiene un problema y que si la legalidad vigente no lo resuelve, no cabe otra que modificar esa legalidad.

A partir del 27/S, si el independentismo logra mayoría en el Parlamento sería inevitable abrir un periodo de negociación con el Gobierno central para explorar un nuevo encaje de Cataluña en el Estado, o si ello no fuera posible proclamar la independencia con el abanico de incertidumbres que ello implica. Queda también por despejar la incógnita del apoyo político de Europa en el caso de una declaración unilateral de independencia y si fortalecería el proceso. Por el contrario, si los votos no son favorables, lo que se prevé es un fuerte retroceso autonómico con un cierto carácter de represalia centralista. En este mismo terreno de la especulación, quizá fuera viable la negociación de una disposición adicional en la Constitución, o algún otro instrumento político de igual rango legal que permitiera a Cataluña una financiación similar a la del País Vasco. Por supuesto, esto nada tendría que ver con esa forma federal del Estado que defienden algunos partidos de ámbito estatal, que la anuncian pero cuyo contenido no acaban de definir.

Ante el futuro incierto y azaroso que se abre para Cataluña, habrá que mantener que el acuerdo es posible y deberían crearse las condiciones para hacerlo viable. Siempre será mejor el acuerdo que el no acuerdo.