Una reivindicación inútil
Ya se dijo en esta misma columna hace unas semanas. Un sector minoritario de la izquierda aber-tzale comienza a agitarse en una incipiente rebelión contra la línea oficial establecida por la dirección de Sortu como consecuencia de la conversión del movimiento en partido político. La situación de los presos políticos vascos es el detonante, el fuego no apagado, que mantiene viva esta disidencia, especialmente sensibilizada por la permanencia en prisión -prisión injustamente dispersada- de centenares de personas condenadas o en espera de juicio por vinculación con ETA.
Hay que comenzar constatando la dramática realidad de que, por más condiciones que se acepten para acceder a la reinserción a través de la libertad condicional, por más desestimientos que se manifiesten respecto a los delitos que les llevaron a la cárcel, nada va a impedir que un centenar largo de quienes actualmente militan en el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) prolongue su reclusión por décadas. Similar adversidad padecen y padecerán el indeterminado colectivo de personas huidas o exiliadas, mientras el proceso de paz espere una conclusión que no está ni mucho menos en sus manos.
Esta realidad, que ha sido vivida ya por millares de personas desde que ETA y quienes le apoyaban decidieron no aceptar la supuesta reforma democrática tras la muerte de Franco, ha sido una de las denominadas consecuencias del conflicto. Todas ellas son parte del dolor extremo padecido por la sociedad vasca durante 40 años, un dolor de víctimas y victimarios que se prolonga más allá del final de la actividad armada.
Este incierto, trágico, futuro no puede ser aceptado con resignación por quienes lo sufren y sufrirán más directamente y así lo han pretendido dejar claro esos 93 antiguos presos de ETA e Iparretarrak que han firmado recientemente una carta exigiendo la amnistía. No pueden aceptar la reclusión que se prolonga por décadas de unas personas que, como los firmantes, se consideran a sí mismas como “militantes voluntarios y conscientes que sabían los riesgos que acarreaba hacer la revolución”. Se consideran, por tanto, presos políticos y como tales reivindican la amnistía, así, sin circunloquios, como se reivindicaba tras la desaparición del régimen franquista.
Por esta argumentación, los 93 firmantes no están de acuerdo con las directrices de Sortu, que en fechas recientes propuso en su “hoja de ruta” un plan de “excarcelación condicional anticipada para presos que reconozcan el daño causado y hagan una apuesta firme por la paz y el objetivo de alcanzar un escenario de desarme mediante la destrucción de los arsenales de ETA”. No están de acuerdo los 93, como no estuvieron de acuerdo muchos otros en que para lograr su legalización los dirigentes de Sortu aceptaran la legislación vigente española, incluida la Ley de Partidos.
Los firmantes rechazan, por tanto, lo que consideran una claudicación teniendo en cuenta que “todavía no hemos conseguido nuestros objetivos estratégicos” y la libertad de las personas presas debe conseguirse “sin condiciones y con dignidad, sin arrodillarse ante nadie, y el camino para conseguirlo es la amnistía”.
El lenguaje utilizado en el escrito de los 93 resulta anacrónico y, cuando menos, utópico. Deberían saber -lo saben de sobra- los firmantes que la amnistía que reivindican no es posible y que seguir demandándola no va más allá de la agitación estéril y la frustración insufrible. En el mismo estilo épico y trasnochado, los firmantes lanzan una enajenada apelación a “vestir ideológicamente al pueblo, ya que la formación y la ideologización son las armas más eficaces para los luchadores revolucionarios”. Consignas de este género pudieran ser contenido de cualquier panfleto o cualquier hoja volandera en las movidas callejeras de los años 70.
Es penoso constatar que los 93 firmantes, por más que en su hoja de servicios figuren años de exilio o de prisión, a día de hoy son personas libres a las que se supone en contacto con la realidad social. O desde que están en la calle no se han movido de su reducido hábitat de endogamia ideológica, o no quieren aceptar que el pueblo no está en este tiempo ni movilizado, ni preocupado, ni ocupado, por la suerte que vayan a correr los centenares de presos y presas que los 93 quisieran amnistiar. Más aún, casi la mitad de la ciudadanía vasca no está de acuerdo con la condición política de esa población reclusa.
Por duro que resulte, alguien tiene que explicar a los 93 firmantes y al número indeterminado de militantes de la izquierda abertzale que pudiera apoyarles, que los que ellos consideran presos políticos nunca van a ser amnistiados, que fue un inmenso error imponer y acatar durante tantos años la estrategia de renuncia a los beneficios penitenciarios y que sería una crueldad imperdonable sacar provecho político a costa del padecimiento ajeno.
Descargar la responsabilidad en el pueblo para arrancar la libertad de las personas presas es ilusorio, pero cerrarles todas las puertas para conseguirla es un disparate. Y plantearlo desde la libertad, una incoherencia.
Por más condiciones que acepten, nada va a mpedir que un centenar largo de presos prolongue su reclusión por décadas
Deberían saber los 93 firmantes de la carta -lo saben de sobra- que no es posible la aministía que reivindican