Taza y media
Cierto que se trata de un aumento no muy significativo en cifras absolutas, pero ese incremento de los antidisturbios que prepara el Ministerio de Interior español tiene toda la pinta de provocación, precisamente porque va a materializarse en Catalunya, la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa. La orden ministerial lo disfraza de “reestructuración de las Unidades de Intervención Policial” (UIP), pero de lo que se trata es de aumentar la presencia de agentes antidisturbios casualmente en esas tres comunidades mientras en el resto queda igual o incluso disminuye.
El hecho de que el incremento afecte a las comunidades en las que hace tiempo que está desplegada su propia Policía autonómica es un despropósito difícil de sostener, puesto que la Ertzaintza, la Policía Foral y los Mossos d’Esquadra son cuerpos policiales integrales especialmente dedicados al mantenimiento del orden público. Las unidades antidisturbios también tienen como objeto precisamente el mantenimiento del orden público, y su despliegue en esas comunidades constituye una flagrante e injustificable duplicidad contra la que tanto claman los centralistas.
Es un hecho constatable que el País Vasco ostenta el lamentable récord de 6,9 policías por cada 1.000 habitantes, ratio muy por encima del resto de los países de la Unión Europea. Según el reciente recuento oficial, en la CAV están establecidos 3.060 efectivos de la Guardia Civil y 1.520 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a los que hay que añadir los 8.000 efectivos de la Ertzaintza y un número indeterminado de agentes municipales que no baja de los 2.000. Súmense a este contingente los 1.200 sobrados de agentes de la Policía Foral en Nafarroa y los policías nacionales, guardias civiles y municipales en esa Comunidad, y obtendremos la foto fija de un sobredimensionamiento policial extremo en Hegoalde.
Esta presencia abrumadora y, sobre todo, los excesos que esos elementos policiales españoles han cometido durante todos estos años según consideran muchas personas de este país, fue causa y origen del “¡Que se vayan!” tantas veces coreado y demandado en instancias callejeras e institucionales. Pues no. No solo no se van, sino que aumentan. El ministro del Interior responde a esa demanda con el prepotente “si no quieres taza, taza y media”. La intención chulesca y fulminante del representante del Estado es dejar claro quién manda aquí.
El que sean Catalunya, la CAV y Nafarroa las únicas comunidades en las que se prevé aumentar el contingente de antidisturbios es pura provocación y evidencia cuál es la voluntad de dominio de España, precisamente allá donde la mayoría de la sociedad ha reivindicado con reiteración el derecho a decidir su futuro político de acuerdo a su sentimiento identitario. Demasiado descarado, demasiado intencionado, como para pretender disfrazar este incremento policial de mera reestructuración.
Durante décadas, la abrumadora presencia de policías españoles en Hego Euskal Herria era justificada por la actividad violenta de ETA y la supuesta implicación de sectores de la sociedad en el apoyo a la organización armada. Presencia y misión que buena parte de la sociedad vasca soportaba con resignación, aunque rechazaba con energía sus excesos, su talante y la virulencia de sus actuaciones. Los responsables máximos de esos denominados “cuerpos y fuerzas” nunca se fiaron de la Ertzaintza ni asumieron su carácter de policía integral, sino que hicieron su trabajo en paralelo muchas veces a espaldas del Departamento vasco. Era y es el pretexto ETA, por más que hace tres años desistiese definitivamente de su actividad armada. Cualquier trabajo sociológico riguroso podría comprobar que la inmensa mayoría de la sociedad vasca tiene la convicción de que el terrorismo es cosa del pasado y que una política policial como la que mantiene el Gobierno español en este país no tiene sentido.
Para constatar esto, basta con tomar el pulso a los miles de ciudadanos y ciudadanas vascas a quienes han afectado los controles frecuentes y rigurosos a los que les someten los “cuerpos y fuerzas” por nuestras carreteras y autopistas. El sobresalto de verse uno entorpecido en su trayecto, muchas veces camino o de vuelta del trabajo, soportar largas retenciones inesperadas, verse abordado por agentes embozados y armados hasta los dientes, por nada y para nada, acaba por irritar hasta a quienes en otros tiempos se sentían protegidos. Son actuaciones sin ningún sentido y, que se sepa, sin ningún resultado más allá que la distorsión arbitraria de la vida ciudadana. El ministro del Interior quizá no es consciente del coste que supone para el prestigio de sus “cuerpos y fuerzas” esta forma de proceder. O, dado el talante de Fernández Díaz y su empeño en aumentar su presencia en las tres comunidades rebeldes, lo que pretende es dejar claro que esto es España, que sus agentes se ocupan de que así siga siendo y que se vea quién manda aquí.