no vale todo en la rivalidad política. No vale todo, aunque algunos partidos con supuesto pedigrí democrático estén acostumbrados a echar mano de la triquiñuela, el regate en corto y el juego sucio. Cuentan para ello con influencia en grandes medios de comunicación que devuelven solícitos los favores prestados del soporte publicitario y la primicia informativa. Desde esos medios se amplifican los méritos o las maledicencias, sin ninguna preocupación por el rigor de la información ni por los fundamentos de la ética.
El Gobierno de Patxi López contó y cuenta con ese apoyo mediático desde el primer momento y casi podría decirse que desde antes de que accediese a la lehendakaritza gracias al apoyo del PP, insistentemente propiciado por esos medios. En compensación, López les distinguió con su favoritismo publicitario, con la contratación de numerosos profesionales en puestos públicos y con la filtración interesada de primicias en los momentos convenientes.
Según estas complicidades, y en una obsesiva preocupación por desacreditar a los gobiernos anteriores en los que los socialistas estuvieron ausentes, a lo largo de esta legislatura esos medios han ostentado el dudoso privilegio de publicar con gran alarde de titulares unas cuantas primicias que, a juzgar por su resultado final, resultaron ser filtraciones sensacionalistas e interesadas sin más objetivo que dañar políticamente al adversario. Un juego sucio que ha prodigado el Gobierno López y en el que esos medios han colaborado con entusiasmo.
La reciente decisión de la Fiscalía de archivar el llamado caso Ibermática ha dejado con las vergüenzas al aire a la portavoz Idoia Mendia que, en febrero de 2012, en pleno fragor de críticas por la situación financiera a la que su Gobierno había llevado al país, extendió la cortina de humo denunciando a bombo y platillo al Departamento de Justicia del anterior Ejecutivo acusándole de contrataciones informáticas ilegales. Como consecuencia de este juego sucio se ponía en duda la honradez del anterior consejero, Joseba Azkarraga, y de su equipo, y se expandía el descrédito hacia las empresas Ibermática e Indra. Se había trasladado a la opinión pública un desfalco de 23 millones de euros.
El Gobierno de López fue madrugador en esta táctica del ventilador de la basura, ya que a las pocas semanas de su llegada a Lakua echó mano del denominado caso Margüello en el que se acusaba al anterior Departamento de Sanidad de prevaricación. El asunto fue sobreseído por el juzgado, pero ahí quedaron, expuestos desde titulares y comentarios mediáticos a la picota del descrédito, el que fuera director general de Sanidad, José Ramón Elorriaga, y el consejero del Departamento, Gabriel Inclán.
Hasta 35.000 euros empleó la actual consejera de Cultura, Blanca Urgell, en contratar a una empresa asesora para buscar responsabilidades del director general del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, en la supuesta pérdida patrimonial del museo por compra irregular de divisas para la posterior adquisición de obras de arte. El empeño del Gobierno López, como siempre acompañado de las pertinentes filtraciones y el ruido mediático, quedó frenado bruscamente por el archivo de la investigación decretado por el Tribunal Español de Cuentas. No había tal malversación, pero se sembró la duda, que era de lo que se trataba.
En fin, estos son ejemplos aleccionadores de que en política no vale embarrar el terreno de juego para igualar en suciedad a todos los contendientes. Es nocivo para la democracia este juego de pillos en el que la regla es aquello de denuncia -o calumnia- que algo queda. La maniobra es tan vieja como la historia: primero se suelta la maledicencia con el mayor ruido posible, y luego ya veremos. Lo que importa es conseguir el objetivo a corto plazo que, habitualmente, suele ser el descrédito del adversario. Objetivo fácil de lograr, dado el escaso conocimiento de elementos de análisis del ciudadano medio. Luego, si al tiempo resulta que no era así, que la denuncia -o la calumnia- no tenía base jurídica, pues se publica la noticia en página par y pelillos a la mar.
El que esto firma, que pasó por la amarga experiencia de ver su nombre en portadas como implicado en actividades delictivas, de ser carne machacada en tertulias y diana de públicos improperios -sin contar el denigrante trato de 72 horas de calabozo-, echó en falta el mismo alarde de titulares, la rectificación de tertulianos bocazas y la enmienda de los difamadores, cuando el mismo juez que me metió en el lío reconoció que se había equivocado y archivaba el caso. Años después, tengo muy claro que para la inmensa mayoría de quienes del Ebro para abajo conocieron aquella noticia a través de los medios, sigo siendo terrorista, o cómplice, o al menos individuo bajo sospecha.
Nadie va a indemnizarme ni a restablecer mi honorabilidad maltrecha, como nadie va a indemnizar ni a resarcir a las empresas Ibermática e Indra, ni a José Ramón Elorriaga, ni a Joseba Azkarraga, ni a Gabriel Inclán, ni al doctor José Carlos Margüello, ni a Juan Ignacio Vidarte, ni a ninguno de los señalados con el dedo de la maledicencia por razones inconfesables que, en el fondo, buscan únicamente la aniquilación política del adversario, o el silencio de los corderos, o la pura y simple ambición personal.
Es lo que hay.
