ETA ha decidido el cese definitivo de su "actividad armada", como decía la parte dispositiva de su comunicado. Ante la noticia confirmada del ansiado final de la violencia, y en un escenario político marcado por el reposicionamiento de los partidos políticos, el gran desafío para asentar la convivencia política en Euskadi es apostar para que el futuro de Euskadi se decida de manera compartida. Con los viejos conceptos políticos y sus instrumentos jurídicos este acuerdo sería sencillamente imposible. Pero el nuevo autogobierno puede formularse mirando al futuro, con conceptos jurídicos y políticos avanzados, más allá de los esquemas clásicos de la soberanía, con sus jerarquías y dependencias, de manera que la decisión sea planteada como co-decisión. Se trataría de participar, en igualdad de condiciones, en el juego de las soberanías compartidas y recíprocamente limitadas.

Este planteamiento de derecho de decisión sujeto a pacto sintoniza perfectamente con la tradición que se recoge en los derechos históricos reconocidos por la Constitución y con los procedimientos del Concierto Económico, que son el núcleo donde mejor se contiene la realidad de soberanía compartida que supone nuestro sistema de autogobierno y que lo diferencia radicalmente de las meras descentralizaciones administrativas. De hecho, el Concierto Económico es algo más que un procedimiento tributario y financiero: es un compromiso de autogobierno pactado, que obliga al acuerdo y a la cooperación, que supone un reconocimiento mutuo, un principio confederalizante, muy innovador, y que articula una interdependencia en espacios de actuación compartidos.

El modelo actual tiene una gran potencialidad, pero su desarrollo no ha sido realizado conforme al pluralismo político que en la Constitución Española se declara, ni está a la altura de las transformaciones que se están dando en Europa en materia de concepción del poder. Las limitaciones del autogobierno proceden menos de la Constitución que de la interpretación que de ella se ha hecho y de su pobre desarrollo. No se han utilizado las posibilidades que ella misma ofrece para articular la pluralidad política del Estado.

La apelación a la voluntad de la ciudadanía está llena de trampas y medias verdades; se ha convertido en un truco retórico y deberíamos tomárnosla literalmente en serio. Es necesario un ejercicio de sinceridad y realismo para que ese respeto sea efectivo. Este principio obligaría a todos con una limitación recíproca que, en buena lógica democrática, nadie puede rechazar: los nacionalistas vascos no deberían tratar de que el Estado reconozca lo que la sociedad vasca no reconoce; los demás deberían acreditar su compromiso para que la voluntad de la ciudadanía vasca sea incorporada al ordenamiento jurídico correspondiente. Con ese doble compromiso, el respeto a la voluntad de la ciudadanía podría convertirse en una fórmula útil para orientar las decisiones políticas.

El pacto, en el seno de la sociedad vasca y con el Estado, es un procedimiento que conecta con nuestra mejor tradición foral y sobre la que hemos construido nuestras dos experiencias estatutarias, la de 1936 y la del Estatuto de Gernika. Y tampoco faltan en la Constitución del 78 instrumentos capaces de facilitar ese nuevo pacto de convivencia: la Disposición Adicional Primera y la Disposición Derogatoria Segunda. Además, en virtud de la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika, nuestro autogobierno contiene una expresa reserva de los derechos históricos y una apelación a su posible actualización futura, a través de la disposición adicional. Esa reserva -que forma parte del llamado bloque de constitucionalidad- contiene una virtualidad de autogobierno que cabe entender como fórmula constitucional de libre determinación. Por aquí debemos avanzar para consolidar y ganar cotas futuras de mayor autogobierno.