Algún profesional irresponsable retiró placas de fibrocemento o uralita de algún cobertizo, sin estar autorizado y sin las medidas de seguridad que la legislación requiere con una sustancia cancerígena, como el amianto. Una vez retiradas, optó por depositarlas con nocturnidad y alevosía en el aparcamiento del cementerio municipal. ¿Vamos a permitir que actúen con impunidad total? Estoy seguro, por el periodo transcurrido (tienen pinta de llevar muchos meses), que más de un empleado municipal o vecino de Lasarte-Oria lo ha visto, pero sin darle importancia. Eso es lo preocupante.El amianto, pese a la prohibición de su comercialización, continúa ocasionando 88.000 muertes anuales en Europa. Que el fibrocemento no se considere extremadamente peligroso es una verdad a medias. Los materiales que han vertido y la gran mayoría del material instalado tienen su vida útil caducada (35 a 40 años), agravado por el estado en que se encuentran, y desprenden invisibles fibras cancerígenas.Por ello, considero que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria debe reaccionar empleando personal especializado y acreditado, empaquetar herméticamente con plástico los residuos, y entregarlos a un gestor de residuos peligrosos. Paralelamente, debería inventariar el amianto instalado, aprobando un plan de control del vertido incontrolado (controlar quién y cómo los retira) y perseguir a los infractores con denuncias ante la fiscalía por delitos contra la salud y el medio ambiente.La práctica fraudulenta resulta más barata que el cumplimiento de las exigencias legales, salvo que controlemos y castiguen esas prácticas criminales. Para ello necesitamos el compromiso de todos/as.