La desclasificación de los documentos del 23-F es una noticia positiva. Nos quedará la duda de lo que sigue oculto, vaya uno a saber si para proteger a quién sabe quién. Resulta a su vez una buena ocasión para reclamar la publicación de otros archivos que continúan bajo llave sobre diversos capítulos execrables de nuestra historia; y para exigir que de una vez por todas se apruebe una Ley de Secretos Oficiales que sea mínimamente potable.
Más lejos, se están conociendo los archivos desclasificados del depredador sexual –entre otras abominables facetas– Jeffrey Epstein. También en los Estados Unidos de América crecen los recelos en torno a lo que finalmente se conocerá y lo que se silenciará. Pero, consciente de que me meto en un berenjenal, reconozco que cada vez más me invade la duda de si tenemos derecho a saber cientos de detalles que estamos conociendo entre lo ya publicado y que nada tienen que ver con la trama delictiva. Me pregunto qué necesidad tenemos de invadir la privacidad, la intimidad de muchas personas por cuestiones que no son punibles, ni siquiera reprochables.
Seamos sinceros: nos invade un morbo incorregible y nos convertimos en creadores, amén de propagadores, de rumores inconsistentes sobre gentes que, en principio, solo tenían vagas conexiones circunstanciales con el personaje en cuestión. Hay más: en el ámbito político, los habituales de la carroña han comenzado ya a cargar contra sus presas. Por ejemplo, la derecha bulle tan excitada enmerdando a Noam Chomsky como la izquierda a José María Aznar, a punto ambos de ser convertidos en pederastas.
Opinaba el lunes el ex fiscal federal Daniel Richman, en The New York Times, que todo lo que está sucediendo en torno a estos archivos debe entenderse como un fracaso institucional. Que si el sistema funcionara y la ciudadanía confiara en él, no estaría llegando al extremo de poner millones de páginas en línea. Que todo se gestionaría de otra manera. Creo que tiene razón.
