Entre lo que ganan y lo que perdemosEP
No sueltan presa Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, ni Yolanda Díaz, vicepresidenta española, aunque la tienen cogida por las hojas, como al rábano. El equilibrio entre salario justo y sostenibilidad de las empresas no va de lo que ganan la una y el otro. Va de que ni un salario mínimo garantiza por sí solo un poder adquisitivo suficiente frente a los precios ni un sueldo de miseria asegura el éxito empresarial. Pero es más morbosillo, y estéril, debatir los emolumentos de Antonio y Yolanda.
Quizá algo de eso hay también en la huelga general convocada para marzo en Hegoalde y que lideran ELA y LAB. Ayer se sumaron varias asociaciones que, además de reclamar un Salario Mínimo Interprofesional, específico pero común a los territorios forales pese a la diversidad de su perfil socioeconómico, piden a la clase trabajadora que pare frente al sistema “capitalista patriarcal, ecocida y racista y que ha puesto al mundo del revés, propagando tendencias autoritarias y fascistas”, en palabras de Iñaki Moreno y Saioa Ropero, que presentaron en Iruñea la ampliación de plantilla de los convocantes.
La gota que colma
El toro penal por los cuernos
Evolución de grado de presos. La progresión a tercer grado de José Ramón Carasatorre, preso de ETA condenado por varios asesinatos -entre ellos el de Gregorio Ordóñez- vuelve a causar un debate que mezcla sistema penal -que acumula condenas de cientos de años- con penitenciario -limitado con carácter general a 30 años de internamiento-. La progresión de grado de los presos de ETA en el último año se produce tras una media de 20-25 años de cárcel -con excepción de Txeroki, que ha cumplido 17-. Debatir si debemos tirar la llave de algunos presos es lícito; pero, definida la norma, saltársela no lo es.
El día de la huelga tiene que declarar en un juzgado de Madrid el exnúmero 2 de la Policía Nacional denunciado por agresión sexual. José Ángel González ha dimitido -o ha sido dimitido- pero el que se juega el puesto de ministro es Grande-Marlaska al poner su cargo a disposición de la denunciante, si es que cree “que la ha fallado”. Desde luego, en el cuerpo policial, no ha acertado nadie ni para evitarlo ni para arroparla.
A ver lo que le cuesta a la víctima el proceso. Porque al exfiscal general García Ortiz el Supremo le calza unas costas de casi 80.000 € que se habría gastado la pareja de Ayuso en el juicio. Consultado al respecto el oráculo de nuestro tiempo -ChatGPT- me dice que el coste medio de un caso así andaría en los 20.000 €. Así que, si me veo en el brete, se lo encargare a una IA y que se apañe con el Tribunal. Perderé mucho más barato.