Salto cualitativo, sí

El pasado 25 de octubre, el lehendakari Pradales publicó una carta-reflexión con motivo del 46 aniversario del Estatuto de Gernika en la que, entre otras cosas relevantes, planteaba la necesidad de un “salto cualitativo” en torno al futuro estatuto. Y, efectivamente, a nuestro entender el marco jurídico-político en la CAPV necesita de un “salto cualitativo” que desate los nudos que la Transición ató al abordar la cuestión territorial en el proceso constitucional-estatutario y, asimismo, que responda a la experiencia acumulada en estas décadas con el actual marco de autogobierno. Esa es la clave, pues, de un debate que parece situarse como prioridad colectiva en un contexto plagado de interrogantes, confusión y amenazas.

Atrás quedan la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi de 2004, conocido como Plan Ibarretxe, neutralizado por el bipartidismo unionista (PP-PSOE) de otros tiempos y el olvido posterior de su propio partido. Atrás quedó un ciclo con tres legislaturas del lehendakari Urkullu, en el que el objetivo del nuevo estatus estuvo presente pero se fueron desestimando las oportunidades bajo el argumento de que “no era el momento”. Fue al final de la segunda legislatura cuando el Parlamento Vasco aprobó, con el apoyo de PNV, EH Bildu y Podemos, las bases de un nuevo status que luego fueron desnaturalizadas en la comisión de expertos que debía desarrollar sus contenidos en un texto articulado. Con posterioridad, la pandemia del covid-19 volvió a hacer desaparecer de escena el proceso institucional para dotarnos de un nuevo status

Ahora, cuando nuevamente el tema del estatus se sitúa en el centro de expectativas políticas, creemos que no se debe entrar en especulaciones sobre si es o no el momento adecuado para plantear una cuestión política de este calado ni de someter a elucubración la necesidad de condicionar plazos de un posible “consenso a tres”. Una vez más, lo importante es la coincidencia de voluntades y la disposición de llegar a un objetivo que sintonice con las aspiraciones legítimas y mayoritarias de nuestro país. Y, por tanto, es el momento de abordar el debate institucional y social que canalice ese necesario “salto” político dotando de un nuevo impulso al proyecto nacional vasco. Dicho esto, queremos “identificar”, desde nuestra perspectiva, en este artículo los contenidos de ese “salto cualitativo” en el que parecen coincidir la posición de PNV y EH Bildu a tenor de sus declaraciones públicas recientes. En primer lugar, contestar a una pregunta clave: ¿Cuál es el punto de partida?

En este sentido, el balance de su desarrollo operativo durante estos 46 años ha sido reflejo tanto de las fallas de su contenido inicial como de la inercia homogeneizadora y neocentralista que el Estado español ha ido estableciendo desde la acción “coordinada” del poder legislativo y el Tribunal Constitucional. A pesar de que el contenido estatutario situaba competencias de caracter exclusivo, –competencias forales, emanadas de una asimetria territorial reconocida en la Disposicion Adicional Primera de la Constitución-, su evolución y ejecución ha devaluado estructuralmente el concepto del autogobierno. La enorme desvalorizacion del pacto pólitico estatutario ha sido algo que, más allá de reflexiones políticas en torno a su “agotamiento” o las denuncias de su incumplimiento, el propio Gobierno vasco ha monitorizado en profundidad en un informe denominado “Erosion silenciosa”. Un informe demoledor del vaciamiento del pacto estatutario y, por ende, de la invasión competencial del Estado sobre el texto original. Por ello, es fundamental situar el punto de partida real, salir de la esteril “rotonda autonomista” actual y plantear, en consecuencia, un salto cualitativo en el modelo de relaciones entre la CAPV, Nafarroa, y el Estado español.

¿Cuál es, entonces, el salto cualitativo en el modelo de relaciones, en los contenidos básicos de un autogobierno-soberanía de las instituciones vascas de la CAPV que sea instrumento eficaz para los enormes retos como colectivo nacional en esta avanzado siglo XXI?

En primer lugar, ese salto cualitativo se debe reflejar en un reconocimiento nacional dentro de un Estado plurinacional. Una singularidad política que emana de la Disposición Adicional Primera de la Constitución donde se reconoce la existencia de sujetos políticos de soberanía preconstitucionales en los cuatro territorios de Hegoalde. Ese reconocimiento nacional y, por tanto, la relación de bilateralidad entre sujetos políticos tiene que asentar jurídicamente un nuevo modelo de relaciones en torno al conjunto del poder político competencial.

Es decir, las competencias exclusivas deben disponer de un blindaje real extendiendose el sistema del Concierto Económico al conjunto del fondo de poder que se regule en el nuevo texto jurídico-político. Un blindaje o sistema de garantías que evite la erosión-invasión competencial desde el Estado, –a través de la utilización sin límite del 149.1 de la Constitución–, o de la acción del Tribunal Constitucional u otras esferas judiciales como estamos viendo continuamente con la normalización del euskara. Junto con ello, se debería fijar un arbitraje adecuado para solucionar posibles conflictos en su desarrollo. En estos parámetros entendemos se tiene que asentar la “bilateralidad efectiva”

Establecido el “marco” y/o modelo de relación debemos profundizar el nivel competencial/fondo de poder ampliando el catálogo de competencias exclusivas o forales. Estas nuevas capacidades políticas son las que deben reflejarse en cuestiones claves del autogobierno como disponer de un poder judicial propio al estilo escocés o de landers alemanes, desarrollar autónomamente políticas sociolaborales (SMI, condiciones laborales, pensiones...), disponer de base jurídica sólida para nuestra representación exterior en todas sus dimensiones políticas, culturales o deportivas.... Necesitamos, pues, instrumentos nuevos para que las instituciones vascas afronten y asuman su protagonismo para poder responder positivamente al bienestar de la ciudadanía y con ello operativizar, lo que dice el propio secretario general del PSE-PSOE, Eneko Andueza, el blindaje de los derechos sociales. Pues, los derechos sociales no se blindarán si las instituciones vascas no disponen capacidad política para legislarlos y regularlos, máxime ante la ola reaccionaria que se atisba en el Estado y comunidad internacional en general.

Y finalmente, el nuevo texto estatutario, desarrollando el espíritu de la Disposición Adicional Primera de la Constitución, deberá dar cauce jurídico al respeto a la futura voluntad popular democrática de la sociedad vasca, es decir al derecho a decidir como principio y derecho democrático. Esas son las claves de un “salto cualitativo” que sitúe el autogobierno en un estadio de seguridad jurídica y permita a las instituciones de los tres territorios aportar en todas las dimensiones sociales, culturales y políticas a un proyecto nacional democrático.