Hace más de 25 años que me inicié en el ejercicio profesional del Derecho. Mi actividad, se desarrollaba entre expedientes, de gran volumen en papel, siendo una época, donde los juzgados también eran analógicos y, por ende, su actividad tediosa.

A día de hoy, los juzgados poco tienen que ver con aquellos juzgados. La implantación de la informática en la Justicia, que ha supuesto la digitalización de toda la actividad judicial procesal, ha agilizado y reducido los plazos a los que estábamos acostumbrados, eliminando ciertas tareas e implantando algunas nuevas, como la celebración de vistas judiciales telemáticas, que son ya una realidad.

En el mes de marzo del pasado año entró en vigor el RDL 6/2023 en materia de digitalización de la Justicia y agilización procesal, lo que ha dado lugar a una serie de modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico, que han permitido una mayor modernización del Sistema Judicial. Como ejemplo de tal avance está la cancelación, en una semana, de los antecedentes penales de más de 150.000 ciudadanos con derecho a ello, sin necesidad de hacerlo de manera presencial y por escrito. No es baladí el presupuesto de 400 millones de euros, procedentes de los Fondos Next Generation, que se ha invertido en la digitalización del Sistema Judicial.

Mi preocupación viene ahora por el alcance de la inteligencia artificial, y si dicha herramienta llegará a ser capaz de impartir justicia ¿Podrá un algoritmo decidir si alguien debe ser condenado y entrar en prisión o si somos aptos para la concesión de una ayuda económica? En principio, nuestras leyes no lo permiten, y solamente jueces y magistrados son los titulares para ejercer la función jurisdiccional.

Lo que está claro es que la inteligencia artificial viene a revolucionar nuestra sociedad, no obstante, el avance de la Justicia no debe perder de vista los peligros que ello puede llegar a acarrear, precisando un mayor refuerzo de nuestra seguridad jurídica.