El artículo 17 de la Ley del Euskera reconoce a todos los ciudadanos de la Zona Mixta “el derecho a usar tanto la lengua vasca como el castellano para dirigirse a las Administraciones Públicas de Navarra”. Añade así que, para garantizar el ejercicio de este derecho, dichas administraciones podrán, entre otras cosas, “especificar en la oferta pública de empleo de cada año, las plazas para acceder a las cuales sea preceptivo el conocimiento del euskera”. Parece un texto claro, sin gran margen para la interpretación, pero el caso es que repetidas sentencias judiciales están pasando por encima del mismo hasta hacer imposible de facto el ejercicio de este derecho. La última de ellas la firma el juez Israel Pérez Soto, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Pamplona, que acaba de anular el perfil bilingüe de una plaza de operario de obras del Ayuntamiento de Zizur Mayor, plaza con evidente contacto con la ciudadanía por desarrollar sus funciones en la calle, en las celebraciones de Olentzero, Reyes y otras, centros escolares, casa de cultura, gaztetxe, etc. Alega, entre otras perlas, el magistrado que el derecho a usar el euskera con la Administración “no se extiende a obtener una respuesta oral y escrita en lengua vasca”. O sea, que tú tienes derecho a utilizar el euskera, pero no a que te respondan de la misma manera. Si no es mala fe, está muy cerca de ello. Luego vienen los argumentos de siempre, discriminación y tal. Por supuesto, el tal Pérez Soto ni sabe ni quiere saber que la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias ratificada por España considera que la adopción de medidas especiales en favor de estos idiomas “no se considerará un acto de discriminación con los hablantes de las lenguas más extendidas”. Puro lawfare en el ámbito de la política lingüística. Pasado mañana habrá una concentración delante del Palacio de Justicia para protestar contra este nuevo esperpento judicial. Todavía no he oído que el Gobierno de Navarra vaya a recurrirlo.
