Comprendo el corporativismo de la magistratura, como colectivo no necesariamente homogéneo pero que comparte praxis jurídica y, especialmente, una concepción concreta de su función en la sociedad. Más cuando esta función es central en la convivencia y cuando, en el modelo de separación de poderes, la sociedad les ha otorgado el fiel de la balanza de lo legítimo.
En ese marco, entiendo la subjetividad del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) cuando se siente impelido a ejercer de paladín de las decisiones de la Sala de lo contencioso-administrativo de la que fue su casa.
Pero el exceso de convicción tiene dos vertientes: la convicción y el exceso. La convicción llevó a Ibarra a defender que no hay una sensibilidad connivente de ciertos jueces con la pretensión objetivable y explícita de determinadas sensibilidades políticas para las que el euskera es una realidad incómoda a contener. Desde esa leal convicción se deslizó al exceso de no tanto arropar la cualidad técnica de las decisiones como desprestigiar, reprochar y ejercer el chantaje emocional como argumento para amordazar las críticas vertidas desde el Gobierno Vasco.
Vincular estas críticas con la estrategia de socialización del sufrimiento que ejerció ETA, asociar a las críticas los ecos de la pretendida deslegitimación de la clase judicial no sólo es un exceso injusto y falaz sino que es una manipulación emocional impropia de su acreditada cualificación.
La separación de poderes y la independencia de los mismos, dentro del marco del estado democrático de derecho, opera en todas las direcciones. También en favor del legislativo y el ejecutivo y de su derecho a explicitar sus diferencias con las decisiones del judicial. El mero hecho de criticar las sucesivas sentencias sobre el euskera no implica acosar ni justificar el distanciamiento de la sociedad sobre el poder judicial. La utilitarista acusación de connivencia con los violentos sí sugiere la pretension de acallar a esa parte de la sociedad vasca que se ve desamparada y expulsada del corpus legal por esas sentencias.