La pasada semana la Comisión Europea anunciaba la aprobación del tercer tramo de ayudas del fondo de recuperación Next Generation EU a España. Otros 6.000 millones de euros que se unen a los 31.036 ya recibidos por el Gobierno español. En conjunto, Bruselas nos ha entregado ya el 53% de lo que nos corresponde en concepto de subvenciones no reembolsables. Cerca de 40.000 millones en menos de dos años es prácticamente el 10% del presupuesto general del Estado anual. Ayudas que son deuda mancomunada y mutualizada entre todos los europeos y que deben servir para realizar doble transición, la ecológica y la digital, en nuestro país. De ahí, que una de las principales preocupaciones de las instituciones europeas consista en saber en qué se están gastando los fondos y si el ritmo de concesión está siendo el adecuado. A ello ha venido una delegación de eurodiputados de la Comisión de Control de Presupuestos del Parlamento Europeo.
Cumplimientos de hitos
La entrega de los distintos tramos de ayudas a los Estados miembro de los fondos de recuperación está condicionada al cumplimiento de una serie de hitos o reformas estructurales. En este tercer tramo, España ha conseguido los veinticuatro hitos y cinco objetivos obligatorios. Las reformas abarcan la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones para facilitar la creación de una infraestructura de red de alta capacidad, reformas para acelerar la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica en los aparcamientos, la reforma de la Ley Concursal para mejorar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia y una reforma para mejorar el sistema de formación profesional. Asimismo, la Comisión confirma los avances en las inversiones, especialmente en relación con la producción de energías renovables por parte de las comunidades locales; la digitalización y la promoción de los servicios culturales; el apoyo a la investigación, el desarrollo y las inversiones en proyectos destinados a hacer que la industria automovilística sea más sostenible.
Grado de ejecución
A fecha de 30 de noviembre de 2022, la Administración General del Estado había autorizado gastos para la realización de inversiones por valor de 44.603 millones de euros y obligaciones por valor de 35.331 millones. En esta fecha, se habían asignado a las Comunidades Autónomas 20.369 millones de euros destinados a políticas públicas vinculadas a la transición ecológica, la digitalización, la protección social, la educación y formación profesional, el turismo sostenible, el empleo y la ciencia. Adicionalmente se han transferido otros 10.000 millones en 2021 y 2022 procedentes del fondo REACT-EU, lo que asciende a 30.369 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU. Asimismo, a fecha 14 de diciembre se había resuelto 922 convocatorias con una financiación total de 13.757 millones de euros, que han sido adjudicados a 97.821 beneficiarios.
Problemas por resolver
El 2023 es el año clave en la ejecución de los fondos de recuperación y en la implementación de los PERTE, los grandes proyectos estructurales planteados por el gobierno español. Si bien es cierto que España se sitúa a la cabeza en la recepción de ayudas transferidas desde la UE, ahora lo realmente importante es trasladar esa velocidad de llegada de los Next Gen a economía real. En este sentido, es evidente que es necesaria una mayor agilidad en la publicación de convocatorias de proyectos de carácter transformador, muchos de ellos enmarcados en los PERTE. Las facilidades de acceso a las subvenciones de las pymes y los autónomos, seguirá siendo uno de los aspectos clave para el éxito del plan de recuperación del gobierno español. Las empresas necesitan mayor flexibilidad en el acceso a las convocatorias, así como un esfuerzo adicional de las Administraciones Públicas para eliminar la burocracia, reforzar la agilidad de la tramitación y mejorar la información y publicidad de las mismas.
