Los médicos que trabajan en el servicio público de salud son funcionarios. ¿Deben serlo? Es un debate nunca abierto por aquí, aunque en otros países de nuestro entorno estos profesionales no son funcionarios, sino personal contratado. Aquí los médicos –siento generalizar: digamos muchos médicos– quieren ser funcionarios con estatus especial. Pueden ser reminiscencias de aquel respeto casi sagrado y reverencial que se les tenía a los galenos en tiempos pasados. Así que quieren ser ellos quienes, por ejemplo, definan cómo se organizan y gestionan las unidades y servicios –públicos, no lo olvidemos–, quiénes, para qué, con qué políticas, etc. Eso sí, siempre en defensa de la sanidad pública, faltaría más. Al hilo de esto, además, se ha abierto otro debate (este sí, cíclico) sobre si los médicos del sistema público pueden o deben trabajar al mismo tiempo para la sanidad privada. El planteamiento es confuso y está viciado por la visión histórica de que “siempre” hemos conocido a médicos trabajando en ambos sistemas a la vez. No en todas las categorías de médicos, claro, porque afecta en especial –casi en exclusiva– a los especialistas. Es, por ello, deseable ampliar el foco y analizar las cosas en su globalidad. Cambiemos “médico” por “funcionario público”. Así: ¿puede un funcionario trabajar a la vez en la actividad privada? ¿Cómo veríamos que un profesor de la ESO de un centro público, por ejemplo, pudiera por las tardes dar clases particulares o de refuerzo en una academia de las mismas asignaturas que imparte, incluso a sus propios alumnos, para mejorar nota? ¿O un miembro de los servicios jurídicos de la Administración que en su tiempo libre ofrezca asesoramiento jurídico? ¿O un inspector de Hacienda que hace lo propio en una asesoría fiscal? ¿O un miembro de alguna fuerza de seguridad que ofrece protección privada? Habría más ejemplos. De momento, los médicos de la sanidad pública son funcionarios. ¿Con estatus?
