El pasado 22 de diciembre, se ha aprobado la Ley que regula la RGI que, desde su puesta en marcha el año 2008, es parte muy importante de nuestro caudal político y social. El acuerdo alcanzado por PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU ha permitido un acuerdo plural, mayoritario y transversal que, aunque nos hubiera gustado que fuera más amplio, nos parece un buen punto de partida para reforzar el instrumento de protección social vasco más importante. Sobre todo, porque estamos ante un debate vertebrador de la idea de sociedad que queremos y que, por lo tanto, va mucho más allá de las medidas concretas que se articulen en la modificación del sistema de la Renta de Garantía de ingresos (RGI).
Como colectivo de pensionistas, vamos a tratar de resaltar los efectos que la nueva norma tiene para las personas pensionistas más vulnerables, pero queremos destacar también que el consenso político alcanzado ha permitido mejoras importantes respecto a las propuestas anteriores como han sido la rebaja de la edad de acceso de 23 a 18 años, si se lleva un año emancipado y registrado en Lanbide, o la disminución del período de empadronamiento y residencia efectiva de los colectivos más vulnerables para tener derecho a la percepción de la prestación. En cuanto al importe de las prestaciones, la cuantía base para el cálculo de las mismas, será igual al importe del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la entrada en vigor de la norma. El año 2024 se reformula el sistema de cálculo de las cuantías que, entre otras novedades, estará asociada a la tasa de pobreza, es decir al importe del 60% de la renta mediana equivalente correspondiente al conjunto del Estado. La norma asegurará que la renta máxima garantizada a un beneficiario individual, no sea inferior a la mayor cuantía que resulte de los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística o la media ponderada de los umbrales de pobreza de ingresos correspondientes a la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de la Comunidad Autónoma Vasca.
En cuanto a las personas pensionistas, a la entrada en vigor de la norma el próximo año, una persona pensionista que viva sola, frente a los 906 euros actuales, tendrá una renta máxima garantizada de 1.013 euros mensuales en doce pagas. Una unidad de convivencia de dos personas adultas, una de ellas pensionista, tendrá un renta máxima garantizada de 1.280 euros mensuales en doce pagas, cuando la cuantía vigente en este momento es de 1134 euros. Esto tendrá un innegable efecto positivo que redundará en beneficio de los casi 13.000 pensionistas que perciben la RGI.
Ahora queda pendiente una tarea muy importante: llegar a todas las personas pensionistas que tengan derecho a poder complementar su pensión y que no lo hacen porque o desconocen este derecho o tienen dificultades para acceder a la RGI. Por eso demandamos que el Gobierno Vasco realice una amplia campaña de información para que todas las personas pensionistas, que reúnan los requisitos de acceso establecidos por la ley, conozcan sus derechos y puedan ejercerlos.
Como todo lo que es resultado de acuerdos plurales, seguro que el contenido de la ley es mejorable, pero no debemos perder de vista que, siendo importantes los contenidos materiales, no es menos significativo que la protección social vasca se construya desde el mayor consenso político posible. Solo así será posible mantener en el futuro un sistema de protección social vasco que reconoce la RGI como un derecho subjetivo que es referencia en el resto de comunidades autónomas.
También firman el artículo Fernando Arozena, Mirari Conde y Javier Ayala
