El Día Internacional contra la Pobreza ha coincidido con el trámite parlamentario de reforma de la RGI. Antes de terminar el año, el Parlamento Vasco votará la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (LSVGII). Una ley que el Gobierno Vasco nos la pretende vender como un novedoso avance en la lucha contra la pobreza en Euskadi, pero que no es nada de eso. Se trata de una ley continuista de la actual, la de 2008, que introduce más reformas negativas que positivas, por lo cual decir que el Gobierno Vasco no quiere acabar con la pobreza no tiene nada de demagogia, sino que es la pura verdad.
En los últimos 33 años, en Euskadi hemos tenido, ininterrumpidamente, leyes y reglamentos destinados a encauzar las políticas destinadas a las personas pobres. Los últimos datos oficiales (los que ofrece la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2020) presentan una imagen nítida del fracaso de las políticas para pobres. El número de personas en riesgo de pobreza era 182.150, el 8,4% de la población. De ellas, las no atendidas en el sistema de la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) alcanzaba la cifra de 54.197, es decir el 29,8% del colectivo de población en riesgo de pobreza. De las 127.953 personas que sí estaban cubiertas por la RGI, las que no salían de la pobreza sumaban 67.306, las cuales suponían el 52,6% del total de las personas atendidas. En resumen, los datos oficiales (la EPDS es una encuesta que realiza cada dos años el Gobierno Vasco), ponen de relieve el fracaso cosechado durante más de tres décadas de las políticas de rentas mínimas garantizadas destinadas a luchar contra la pobreza porque: dejan sin cobertura al 30% de la población en riesgo de pobreza y no sacan de la misma al 53% de quienes sí reciben prestaciones.
Las razones de este fracaso son evidentes y se pueden resumir en dos: la existencia de una enorme cantidad de requisitos y obligaciones que hace imposible acceder a la RGI a casi una tercera parte de la gente pobre, y una insuficiente dotación presupuestaria, que impide dejar de ser pobres a más de la mitad de quienes sí perciben la RGI.
Si el Gobierno Vasco hubiera diseñado la nueva reforma de la RGI con auténtica voluntad política de terminar con la pobreza, hubiera incluido en el articulado de la nueva LSVGII medidas como las siguientes: reducir de 3 a 1 los años de empadronamiento y residencia; rebajar de 23 a 18 los años para ser titular de la RGI; acabar con el modelo familiar basado en las unidades de convivencia y convertir la RGI en individual; otorgar a las Ayudas de Emergencia Social (AES) el carácter de derecho subjetivo, como lo son la RGI y PCV, que no se pueden denegar por ley a personas que reúnen los requisitos cuando se ha agotado el siempre escaso dinero presupuestado; aumentar sustancialmente la dotación presupuestaria garantizando que el importe de la RGI llegue, como mínimo, a cubrir el umbral de pobreza relativa por persona (el 60% del ingreso mediano existente en la CAE); y, establecer un modelo de gestión radicalmente distinto al que hoy funciona, con un Lanbide destinado a expulsar a la gente pobre del sistema, al que se la trata, casi siempre, con verdadera aporofobia.
¿Qué nos encontramos en la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que será aprobada gracias a la mayoría absoluta de la que gozan el PNV y el PSE, que conforman el actual Gobierno Vasco, que nos hace ser tan categóricos y categóricas al decir que el Gobierno Vasco no quiere acabar con la pobreza?
-En primer lugar, un continuismo legal en cuanto al mantenimiento de todo el cúmulo de requisitos y obligaciones que hemos criticado anteriormente.
-En segundo lugar, el mantenimiento de los recortes legales que fueron introducidos en la ley de 2008, en la posterior reforma de 2011 y en los presupuestos de 2012, que empeoraron los requisitos y rebajaron las cuantías de la RGI y PCV.
-En tercer lugar, la nula voluntad de mejorar el importe de prestaciones de RGI y PCV, ni siquiera hasta el nivel de 180 millones de euros que se va a ahorrar anualmente el Gobierno Vasco, a través del Cupo, por la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que paga la Seguridad Social.
-En cuarto lugar, la creación del nuevo cuerpo de Inspección de Lanbide, auténtica nueva policía de Lanbide, destinada a vigilar y controlar a la gente perceptora, a pesar de que el fraude en Lanbide no llega al 1%, y que tiene también entre sus funciones, proponer las sanciones correspondientes.
Argilan-ESK defendemos que, contra esta nueva ley de reforma de la RGI se impone, que los grupos de izquierdas del Parlamento Vasco planteen una enmienda a la totalidad y que todos los movimientos sociales y las organizaciones sindicales exijamos su retirada y que, en su lugar, se proponga una Ley realmente destinada a acabar con la pobreza.
Miembros de Argilan-ESK
