l Congreso español ha sido noticia por partida doble durante esta semana. Por una parte se nos ha contado que, al parecer, el Tribunal Constitucional fallará a favor de Alberto Rodríguez, propinando así una enorme bofetada a Meritxell Batet, quien desde la presidencia de la institución privó de su escaño al canario en una decisión que no estuvo motivada. Queda por ver cómo termina todo esto y si la socialista catalana opta por dimitir, pero resulta difícil dejar de comparar su actuación con aquella que con gran dignidad mantuvieron Juan Mari Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao en el pasado, defendiendo contra viento y marea a un Parlamento Vasco pisoteado.

Casi simultáneamente hemos conocido que PSOE y PP (el representante de Vox no estaba pero habría actuado igual) han rechazado la tramitación de una conscientemente tímida (por realista) propuesta del PNV de limitar la inviolabilidad del Rey. Una vez más se parapetan en un informe no vinculante de los letrados, aunque nos cuentan que llamarle informe a ese texto supone un verdadero exceso verbal: su lectura debe de durar menos que la canción más corta de los Ramones. No digamos nada de la paupérrima motivación, el tratamiento anacrónico de la monarquía y la deliberadamente restrictiva lectura de la Constitución.

Pero lo que verdaderamente importa ahora es conocer cuáles son las razones que empujan a los socialistas (de los otros dos componentes del trío uno se espera cualquier cosa) a mantener esta actitud tan vomitiva en torno a esta monarquía. Perdóneseme el adjetivo, pero si hasta un diario tan de orden como El País manifestó ayer su cabreo por la cuestión, no debe extrañar nuestra reacción. Digámoslo claro: en función de su interpretación sobre la inviolabilidad del Rey, inmensas fechorías como las cometidas desde 1700 por esta dinastía sátrapa, tampoco serían en 2022 dignas de escrutinio judicial y sanción. Esto no puede suceder en un Estado que se dice democrático. l