l lamentable espectáculo que estamos viviendo estos días en esa guerra de gallos que se está librando en el seno del PP con todos sus ingredientes de ambición desmedida de poder, inmadurez propia de adolescentes, casos de corrupción, ausencia total de la cordura, instituciones al servicio de intereses personales, ausencia de propuestas políticas, cortoplacismo, tacticismo, etc., todo ello retransmitido en directo a través de los medios de comunicación, es una muestra más del ínfimo nivel de calidad que presenta la política española donde sus protagonistas parece que participan en un continuado y burdo juego de la silla para ver quién se queda con el último asiento.
Ese escenario donde se mueve la política española no solo es privativo del PP, sino también del PSOE, aquí con el agravante de que también le gusta jugar al trile, como lo estamos viendo estos días con el retraso de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al Gobierno Vasco, a pesar del acuerdo suscrito entre ambas partes en octubre del año 2020.
La crisis del PSOE de 2016 entre "sanchistas" y "susanistas", que supuso la salida de Pedro Sánchez de la secretaria general del partido, tras la dimisión de 17 miembros del comité ejecutivo disconformes con sus propuestas de intentar crear un gobierno de coalición con partidos de izquierda y nacionalistas y favorables a apoyar al candidato del PP, Mariano Rajoy, tiene muchos puntos en común con el conflicto interno que está protagonizando el PP.
Y en esa coyuntura política envenenada y cainita que se ha instalado desde hace años en Madrid se tiene que afrontar el desembolso de los fondos Next Generation impulsados por la Unión Europea (UE), que suponen una auténtica inyección de liquidez para apoyar al tejido empresarial e impulsar proyectos de valor estratégico, con el fin de favorecer la transformación económica. Se trata de una medida de choque, tras la gran crisis económica provocada por el covid-19 que afectó al conjunto de las empresas, que busca provocar un impacto positivo en la economía real.
Los objetivos son claros. En primer lugar, invertir en la modernización del modelo productivo de cada uno de los países europeos, aumentar el crecimiento empresarial, corregir el desequilibrio sostenible y, por último, reducir la brecha salarial, con el fin de conseguir de que Europa sea una de las mayores potencias económicas del mundo.
Un reto de semejante transcendencia para el futuro de los países, parecería que debiera formar parte de una de las principales preocupaciones de los gobernantes, teniendo en cuenta que todavía existen en el horizonte muchas incertidumbres provocadas por el aumento de los costes de la energía y de las materias primas, problemas de logística y suministro y las consecuencias de un virus que sigue entre nosotros y es susceptible de impactar nuevamente con otras variantes.
En el caso del Estado español, no parece que sea así, a juzgar por el retraso que está sufriendo la llegada de estas ayudas a las empresas que no está teniendo la misma velocidad y transparencia que se registran en otros países de la UE, debido fundamentalmente a un ineficaz sistema de gestión con el que está operando el Gobierno español. Y eso, cuando dispone de una de las cantidades más importantes del mecanismo europeo de recuperación con casi 140.000 millones de euros, de los que 72.700 millones son subvenciones a fondo perdido y 67.300 millones en préstamos blandos.
El retraso con el que el Gobierno español está ejecutando el desembolso de los fondos europeos en las empresas empieza a ser ya muy preocupante, tal y como lo ha manifestado el presidente de la Corporación Mondragon, Iñigo Ucin, al denunciar que las ayudas no están llegando a las empresas, con lo que si no se hace en tiempo y forma perderán toda el efecto que se pretende.
El primer grupo empresarial vasco y primera cooperativa en el ámbito industrial del mundo por facturación y empleo no solo opta a las ayudas europeas a través de los proyectos individuales que están llevando a cabo sus propias empresas, sino también en los PERTE, en los que acude con otros socios. En concreto, Corporación Mondragon cuenta con proyectos por valor de 1.500 millones de euros con una previsión de 6.000 empleos que se localizan en tres áreas: digitalización y procesos productivos, cuidado de personas y ciudades amigables y sostenibilidad y economía circular.
Esta denuncia del retraso del Gobierno Sánchez en la ejecución de las ayudas de reactivación económica de la UE tiene su gran importancia porque viene directamente del mundo de la empresa, en este caso, del ámbito cooperativo, con todo lo que ello supone de aldabonazo a una ineficacia que sigue sin corregirse, a pesar de las manifestaciones de responsables del Ejecutivo de Madrid en sentido contrario.
La preocupación expresada por Iñigo Ucin tuvo su prólogo en la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, al señalar que los fondos europeos están llegando a "cuentagotas" a Euskadi y, por supuesto, por debajo de criterios objetivos como son el 6,24% con que Euskadi contribuye al gasto general del Estado, a través del Cupo, su PIB o porcentaje de población.
El ritmo que está teniendo el Gobierno español en el desembolso de los fondos Next Generation, que, de momento, solo ha llegado al 2% de la dotación que le corresponde, no tiene nada que ver con el que están registrando países como Francia, que ya ha entregado el 30% de las ayudas, o Portugal, que ha repartido el 28% de las subvenciones asignadas.
Está claro que en el Gobierno español, da igual su color, el concepto de transformación de la economía a favor de la industria sigue sin cuajar, a pesar de que en cada crisis suenan voces de reforzar su peso a los niveles que tiene en Euskadi. Pero la industria, frente a otros sectores con mayor incidencia en el PIB español como es el turismo, que genera empleo de manera rápida, pero que también lo destruye al ser más sensible a las crisis económicas, necesita de mucha inversión y tiempo.
Esa transformación hacía un tejido productivo y una estructura económica mucho más sostenible y resiliente requiere de unos cambios que son complejos y de larga maduración que nada tienen que ver con el concepto de tiempo y de necesidad de resultados rápidos con el que están acostumbrados a trabajar los políticos. Mucho más, si encima dedican buena parte de sus preocupaciones y energía al juego de la silla, como lleva ocurriendo desde hace ya muchos años en Madrid. El Gobierno español, que tiene la gran responsabilidad de administrar adecuadamente estas medidas, debe implicarse de una manera decidida y seria para que estos fondos lleguen cuanto antes al tejido empresarial al que están destinados. Ya estamos llegando tarde.
