l pasado fin de semana apareció en Irun el cadáver de un hombre junto al polideportivo Azken Portu. ¿De dónde venía?, ¿a dónde iba?, ¿cuánto tiempo llevaba entre nosotros?, ¿por qué se suicidó? Solo se sabe que tenía 21 años y que era de nacionalidad eritrea. Su presencia había pasado inadvertida. Nadie sabía de él. Por su perfil, es posible especular con la idea de que se quitó la vida por desesperación, tras una horrible odisea desde su país en busca de un futuro que le ha sido negado. Desde el colectivo ciudadano Irungo Harrera Sarea y desde EH Bildu se ha culpado de esta tragedia al Gobierno Vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Irun. La acusación ha sido justo después de que el Gobierno Vasco haya hecho balance del operativo dispuesto para acoger y atender en condiciones humanitarias a los migrantes en tránsito que en gran número se vieron bloqueados en Irun tras estrellarse contra los férreos controles establecidos por Francia en la muga que divide Euskal Herria. Más de 1.000 personas fueron atendidas en apenas mes y medio. Pero esta respuesta institucional no ha merecido ninguna valoración y ha sido totalmente ignorada. Cuando el maximalismo se convierte en el patrón de medida solo puede generar frustración e incomprensión. Flaco favor le hace Irungo Harrera Sarea a la causa de los migrantes si reduce a la nada la notable respuesta de las instituciones. El contribuyente, esa palabra que cuando acabe la pandemia se va a volver a poner de moda, puede concluir que si este esfuerzo no sirve ni a los convencidos, igual es mejor pensar en otras necesidades, que también existen. Lo de EH Bildu es un ejemplo palmario de carroñerismo político; la utilización de una tragedia como objeto de desgaste de los que gobiernan.