a pandemia del coronavirus ha provocado una triple crisis: una crisis sanitaria, de la que no hemos salido todavía, con un elevado número de personas contagiadas, ingresadas y fallecidas; una crisis socioeconómica, como consecuencia del confinamiento y de la ralentización de la actividad económica, con sus repercusiones en materia de empleo; y una crisis política, con una suspensión momentánea y parcial de ciertas libertades públicas y un intento de recentralización. En otros términos, esta pandemia, al igual que la crisis de 2008, ha puesto a prueba nuestro modelo socioeconómico y político, poniendo de manifiesto sus fortalezas pero también sus debilidades, tales como un sistema sanitario insuficientemente dotado en personal, material y equipamiento adecuados; unas prestaciones y unos servicios sociales frágiles, especialmente en la atención de las personas mayores; un modelo de relaciones laborales demasiado rígido y desequilibrado en el que el diálogo social y la negociación colectiva brillan por su ausencia; una configuración institucional vulnerable ante las tentativas de recentralización y de invasión de competencias.

Ante semejante panorama, es preciso propiciar el advenimiento de una sociedad más resiliente, resiliencia que puede ser reactiva o proactiva. La resiliencia se define como la capacidad de una persona, un colectivo o una comunidad para superar una situación adversa resultante de una alteración sustancial de su entorno. En ecología, la resiliencia designa la capacidad de un ecosistema para reencontrar un funcionamiento o un desarrollo normal después de haber padecido una perturbación medioambiental; en geografía, esta noción alude a la aptitud de las ciudades a limitar los efectos de catástrofes y a volver a una marcha ordinaria; en economía, la resiliencia hace referencia a la capacidad de volver a una trayectoria de crecimiento después de haber padecido una crisis, financiera por ejemplo; en psicología, ese concepto traduce la aptitud a superar un estado de estrés postraumático; y, en sociología, la resiliencia comunitaria se asocia a la capacidad de una sociedad a superar una situación de riesgo que puede ser de diferente índole, como puede ser una pandemia. En general, la resiliencia es un proceso, susceptible de ser fomentado desde las instituciones y la sociedad civil organizada, que se divide en tres fases. La primera consiste en resistir ante la adversidad. Así, desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020, las administraciones públicas, los hospitales, las empresas, los centros educativos y los ciudadanos han resistido ante el aumento notable de personas contagiadas, el ingreso de un número considerable de pacientes en los centros sanitarios, el confinamiento de la población, la suspensión temporal de la actividad económica, el incremento del paro, o la bajada considerable de la recaudación fiscal. Tras un periodo de asombro, los diferentes actores se han movilizado para aguantar y hacer frente a una situación imprevista de consecuencias potencialmente considerables. Esta fase de resistencia, que parecía superada con el final del confinamiento y la vuelta a la nueva normalidad, se ha reactivado con el aumento de contagios durante el verano y las incertidumbres que esto genera de cara al otoño, tanto en materia sanitaria como en materia socioeconómica y educativa.

La segunda fase se caracteriza por la adaptación a esta nueva situación. Después de un periodo de aguante, movilizando los recursos institucionales, sociales y económicos disponibles, ha venido la hora de la adecuación a esta nueva realidad. Los centros educativos y sus profesores han impartido sus clases online, los padres han compaginado su actividad laboral con la crianza y la educación de sus hijos, las empresas han recurrido al teletrabajo, a los ERTE y a la reorientación de su actividad, los centros hospitalarios han reordenado sus servicios para incrementar el número de plazas para la atención de personas contagiadas que presentaban síntomas graves, las instituciones han movilizado fondos adicionales para hacer frente a la pandemia y evitar la quiebra de las empresas, el despido de los trabajadores y la dotación de material sanitario. Esta fase de adaptación proseguirá en el tiempo, dado que algunos cambios acontecidos durante la pandemia perdurarán, tales como los nuevos hábitos adquiridos en materia de trabajo, consumo y movilidad. Más allá, la capacidad de adaptación ante situaciones adversas en un contexto de fuerte incertidumbre será un elemento clave para superar esta crisis.

La tercera fase hace referencia a la reconstrucción para volver a crecer. No se trata de retornar a la situación anterior, al menos en ciertos aspectos, sino de apoyarse en la experiencia adquirida, las capacidades demostradas y las vivencias experimentadas para superar esta crisis y proyectarse en el futuro sobre nuevas bases. Esto supone extraer todas las enseñanzas de la pandemia y de su gestión de cara a evitar la repetición de errores y subsanar las carencias constatadas, pero también a apoyarse en las virtudes demostradas, como pueden ser las capacidades de innovación, solidaridad y movilización. En ese sentido, se trata de reconstruir un nuevo modelo partiendo de lo existente pero con una capacidad de proyección en el futuro que sea susceptible de generar esperanza e ilusión, aspecto especialmente necesario en un contexto caracterizado por la ansiedad y el temor tanto del presente inmediato como del porvenir. Únicamente semejante perspectiva es susceptible de movilizar a los actores en torno a un horizonte común y unos objetivos compartidos. El diseño de este horizonte común debe ser el resultado de una nueva gobernanza consistente en una manera novedosa de concebir, implementar y evaluar las políticas públicas que se distinga por la asociación de todos los actores concernidos por una problemática determinada, como puede ser el sistema educativo, el sistema sanitario, el modelo productivo o la situación medio ambiental. Es cuestión, de manera conjunta y previa creación de instancias de concertación y negociación, de elaborar un diagnóstico compartido, fijar unos objetivos comunes a medio y largo plazo y diseñar unas medidas concretas que permitan alcanzar estos objetivos. Esta nueva gobernanza, que exige compromiso, paciencia y visión de país, permite progresivamente modificar la cultura política fundamentándola en el diálogo, la negociación y el acuerdo. Esta manera novedosa de concebir la acción pública, que propicia los grandes acuerdos que se inscriben en el tiempo, puede girar en torno a los siguientes temas: la gobernanza democrática, el desarrollo sostenible, la cohesión social, la interculturalidad y el plurilingüismo, la identidad inclusiva, la paz y la convivencia.

Profesor de Sociología Universidad del País Vasco