Democracia orgánica

A lo largo del tiempo, el régimen fue produciendo leyes hasta la saciedad, en las Cortes franquistas. Todo estaba regulado legalmente. No había nada sin regular. Como ahora, había de todo en el sistema: jueces, fiscales, tribunales y, naturalmente, juristas. Además de militares, policías, Iglesia católica, monarquía? Todo muy bien coordinado y ordenado para cumplir con el objetivo fundamental: el mantenimiento del régimen con sus prebendas y negocios adicionales. Si se garantizaba este objetivo fundamental, las demás cuestiones podían regularse legalmente y hasta hacer la vista gorda si era menester. Los ministros de Franco, cuando proponían medidas o proyectos de cualquier tipo, tenían que convencer al dictador de que no ponían en peligro el sistema, el régimen, única forma de sacar adelante la propuesta.

Era tal la producción de leyes de todo tipo que, por ejemplo, en el área laboral, los abogados laboralistas por libre o del sindicato vertical, brazo fundamental del régimen, con los que había que contar de modo imprescindible para llevar un asunto laboral a Magistratura de Trabajo, estaban abrumados por el cambio continuo de la normativa (pude oír quejas directamente en alguna circunstancia concreta).

Los ejemplos son innumerables y diariamente se ponen de manifiesto. Obsérvese, por ejemplo, el caso de la corrupción actual, por tierra mar y aire, que afecta directamente al Gobierno de España y a sus aledaños del PP. Anteriormente fue el PSOE en el poder. En ambos casos se ha extendido por todas las ramificaciones a lo largo y ancho del Estado español. Es significativo su desarrollo especial en Valencia, Baleares y Andalucía.

Y el Gobierno español y el PP tienen el cinismo de rechazar el referéndum catalán en base a que “es ilegal”, cuando precisamente ellos, con la corrupción galopante, están metidos en una ilegalidad hasta el cuello. Casi cada día aparece un caso o variante nueva. Por otra parte, ¿cómo se puede prohibir realizar una consulta al pueblo, para que pueda decidir si sigue en España u opta por la independencia? La consulta a cualquier pueblo sobre cuestiones que le afectan directamente constituye un derecho básico, elemental, que nadie y en base a nada debe prohibir. Si existe una ley que lo impide, es que la ley está mal, como tantas veces, a lo largo del tiempo, sucede. Se trata de resolver esta cuestión. En una simple actitud democrática. El presidente del Gobierno español se dispondría a un diálogo con el presidente de la generalitat de Catalunya para establecer el procedimiento y bases para celebrar el referéndum, respetando de forma exquisita la voluntad del pueblo catalán. Que es el único soberano en su área, en esta cuestión.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿a qué viene lo de España indivisible y lo de que la soberanía reside en todos los españoles? Son afirmaciones que no tienen ningún fundamento democrático, principios defendidos por el franquismo que algunos del PP y PSOE se empeñan en defender como si fueran principios con origen en la providencia, en el más allá? aunque carezcan de los más elementales principios democráticos.

Se actuaba continuamente de forma “ilegal”, como es lógico cuando no se respetan derechos básicos. Así ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Y así es como se ha avanzado en el desarrollo y aplicación de los derechos fundamentales de personas, grupos y pueblos. El poder establecido de cualquier forma no tiene por costumbre otorgar, graciosamente o gratis, derechos, salvo a sus amigos, afines y/o asimilados.

Tengo la convicción de que el referéndum de Catalunya se celebrará; tal vez cambie la fecha, pero se celebrará; y los catalanes decidirán su futuro democráticamente. Las posiciones de los políticos del PP y PSOE, principalmente, que insisten en que el referéndum no se celebrará, recuerdan demasiado, desgraciadamente, a posiciones de intransigencia, intolerancia, ordeno y mando de la antidemocracia del régimen franquista, o sea, a la “democracia orgánica”.

Que se dejen de postulados grandilocuentes, y se dediquen a exigir y aplicar la democracia en todas las áreas. Si quieren defender que Catalunya siga en España, que lo hagan en la campaña previa al referéndum. Como en Escocia. Nada nuevo, es democracia. A partir de ahí, que salga lo que la ciudadanía quiera.

Porque debe quedar meridianamente claro que ley y democracia en innumerables ocasiones no coinciden. Solo el listado de los casos nos ocuparía el espacio de un artículo.

Y, finalmente, es interesante resaltar lo que afirmó la jurista y presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, Garbiñe Biurrun, en el Parlamento Vasco. Según su criterio, en Euskadi o Catalunya “desde luego que podría” celebrarse una consulta “que reuniera todas las garantías legales” aunque “no estuviera amparada por el Estado. “Dentro del marco actual podría llevarse a cabo perfectamente si la mayoría parlamentaria así lo quisiera”.