Son conocidas las irregularidades detectadas en la ayuda social RGI, que siguen sin solucionarse. Hay, incluso, un dato referente a la existente venta de empadronamientos con métodos publicitarios. Me consta que los gestores manipulan cifras y datos fraudulentos a la baja en un burdo intento de eludir responsabilidades. Las instituciones discrepan en un cruce de declaraciones pero nadie le pone el cascabel al gato. La ayuda RGI supone un fuerte desembolso presupuestario cuyo coste pagamos entre todos y, por lo tanto, requiere controles minuciosos por parte de la Administración. Por ello exigimos informes veraces, inspecciones y revisiones periódicas, avaladas con cifras reales. De una vez por todas deben acabar los abusos, las falsificaciones, los pagos indebidos, los trabajos en negro y todos los fraudes que amenazan al sistema. La RGI se creó para quienes realmente lo necesitan. Por otra parte, está la cronificación, una lacra que conduce directamente a la relajación de los perceptores de larga duración sabedores de su perpetuidad.
Entiendo que al perceptor ocioso hay que mantenerlo ocupado. Inicialmente con cursos de formación abiertos a la posibilidad de un futuro empleo, y si tal empleo no llega, asignarle trabajos útiles para la sociedad como colaboración en la limpieza de montes, parques y jardines, acompañamiento y asistencia de personas discapacitadas y enfermas, etc. Aunque lo ideal sería su incorporación al mercado laboral, las medidas citadas serían beneficiosas para todos, al tiempo que despertarían un sentimiento de autoestima en los perceptores de las ayudas.
