Es frente a las dificultades por donde asoma, y por sus rendijas, la auténtica personalidad. Ayer se debatía una proposición no de ley formulada por el Partido Demócrata Europeo Catalán (antigua CDC) sobre el salario mínimo con dos párrafos; el primero para que dicha garantía alcanzara la cuantía del 60% del salario medio neto, y el segundo para que, en su respectivo ámbito de actuación, las administraciones autonómicas pudieran, de acuerdo con los interlocutores sociales, ajustar dicho salario mínimo al coste de vida real de cada realidad económica. Respecto del primer punto y con los matices de cada grupo, se acordó una transacción apoyada por todos menos Ciudadanos y PP. Ninguna fuerza progresista imagina una condena a la pobreza como contraprestación al trabajo (de eso hablaremos en otro momento). Lo llamativo fue la segunda cuestión, y no solo porque contó con el expreso rechazo de todas las fuerzas estatales, sino por la explicación de la representante de Podemos: que la ley, en este caso el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, atribuye al Gobierno estatal la facultad de precisar dicho salario mínimo. La ley y solo la ley.
Cuando interesa, a quienes predican progresía y derecho a decidir se les escapa la vena jacobina por sus poros, y nos restriegan la “dura lex” como imposición. El representante de Podemos llegó a afirmar que permitir que en Euskadi tuviéramos mayor salario mínimo sería “dumping social” (literal). Nada importó que les recordara que si ese salario mínimo era insuficiente en Andalucía, lo era de forma más acuciante allí donde el coste de vida es mucho mayor, como en Euskadi; tampoco que, si quieren ley, que empiecen por aplicar el artículo 12.2 del Estatuto de Gernika, transfiriendo facultades en materia de ejecución de legislación laboral a Euskadi; y menos aún, que si de reivindicación de los agentes sociales se trata, la de conseguir un marco propio de relaciones laborales en Euskadi.
Depende de para qué, el derecho a decidir se queda en España. Es su carácter, su personalidad, su proyecto político. Que quede claro.