El retraso de las reválidas en Educación Secundaria (ESO) y Bachillerato a que se avino el Ministerio de Educación en la Conferencia Sectorial del jueves puede llegar a calificarse lo mismo de avance que de fracaso por quienes se han resistido a la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Lomce), es decir, la totalidad de la comunidad educativa, en todos sus sectores, y los responsables de Educación de la mayoría de las comunidades autónomas. De hecho, ese muy limitado acuerdo sí supone un paso al eliminar, de momento, en el caso de la ESO y Bachiller, reválidas que condicionaban el proceso educativo, subordinándolo a la superación de una prueba organizada y evaluada desde Madrid. Del mismo modo que supuso un avance, aquel de mayor entidad, el acuerdo logrado en su momento, con el anterior ministro Wert, por el Departamento de Educación vasco al respecto de las especificidad lingüísticas, lo que preservaba en parte la capacidad autoorganizativa de la enseñanza vasca. Sin embargo, el retraso en la implantación de las reválidas de ESO y Bachillerato no significa su retirada, por cuanto la Lomce seguirá en vigor como norma rectora de la educación en el Estado, al menos mientras no se produzca un cambio de gobierno y otro ejecutivo no acometa otra reforma, la enésima, que cumpla con el compromiso adquirido por los partidos de la oposición de derogar la denominada ley Wert. Y eso significa, por un lado, que el ministerio, también el liderado por el nuevo ministro, Íñigo Méndez de Vigo, sigue desoyendo la opinión de todos los sectores de la enseñanza -centros, profesores, padres, alumnos...- e ignora las advertencias de los responsables educativos de doce de las 17 comunidades autónomas. Y, por otro, que no se altera el afán homogeneizador de la enseñanza en todo el Estado que alumbra la ley, tampoco la invasión competencial derivada de la aprobación de la Lomce como normativa básica con el fin de superar la competencia exclusiva en Educación que marca el Estatuto de Gernika. Es decir, que se mantienen (casi) todos los impedimentos planteados inicialmente para que Euskadi conforme y desarrolle un sistema educativo propio, acorde a los mayores ratios de calidad y resultados que, en comparación con el Estado, ha venido ofreciendo hasta ahora; también capaz de mejorarlos en el futuro.
