Recientemente ha salido publicado un informe que indica que en 2024 el 31% de las mujeres asesinadas por violencia machista en España habían denunciado previamente a su agresor, el porcentaje más alto desde que se recopilan datos. Este dato no solo es alarmante, sino que cuestiona profundamente la eficacia de los mecanismos institucionales diseñados para proteger a las víctimas. ¿Cómo es posible que, tras alzar la voz y buscar ayuda, tantas mujeres hayan encontrado la muerte en lugar de la protección?
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Este fenómeno evidencia fallos estructurales en el sistema: desde la valoración del riesgo hasta la implementación de medidas de protección, pasando por la coordinación entre fuerzas de seguridad, servicios sociales y el sistema judicial. Además, la convivencia con el agresor sigue siendo un factor de riesgo significativo, presente en el 70% de los casos. La violencia vicaria, con nueve menores asesinados en 2024, añade otra capa de horror a esta tragedia. Es imperativo que las autoridades no solo reconozcan estas deficiencias, sino que actúen con urgencia.
No podemos permitir que denunciar sea una sentencia de muerte. Es hora de transformar la indignación en acción y garantizar que ninguna mujer tema por su vida al buscar justicia.
