¿Por qué usan el empleo como reclamo electoral?

Otros dirigentes políticos y, particularmente el lehendakari de Euskadi y los responsables de las instituciones vascas, son más cautelosos a la hora de hacer reflexiones sobre el futuro del empleo, cautela que resulta pertinente a pesar de que el porcentaje de desempleados en Euskadi es del 14% y el porcentaje de desempleados en el Estado español del 24,5%. Desde luego, en Euskadi ni el Gobierno vasco ni las instituciones gobernadas por EAJ/PNV ni el propio partido utilizan la mejor situación del desempleo, la mejora de la empleabilidad y las mayores fortalezas económicas que la sustentan para obtener réditos electorales. La lucha contra el desempleo es permanente, constante, las cifras de desempleados fluctúan con frecuencia y, desde luego, no será ganada hasta que la cifra alcance el 5% del total de la población activa, que coincide con lo que técnicamente se denomina pleno empleo.

Estamos analizando, por otra parte, las cifras del paro registrado, es decir, el total de personas que se inscriben en el servicio público de empleo estatal. Se excluyen de este análisis los desempleados que se inscriben solo en servicios públicos de empleo autonómico, quienes solo se inscriben en Agencias Públicas de Empleo y quienes solo se inscriben en Empresas de Trabajo Temporal y quienes absolutamente desalentados han desistido de inscribirse en ningún sitio.

Uno de los perfiles del desempleo es que afecta de manera particularmente patológica a dos colectivos: los mayores de 45 años, a los que eufemísticamente se denomina parados de difícil empleabilidad (todo el mundo puede entender lo que esto quiere decir), y los jóvenes menores de 30 años, cuya incorporación al mercado de trabajo o es punto menos que imposible para la mitad de los mismos o se realiza a través de las fórmulas de precarización más lesivas que se conocen (contratos temporales que no se renuevan para imposibilitar la consolidación del joven en la empresa de forma que los empleados jóvenes están permanentemente rotando; contratos formativos que en virtud de la reforma laboral del año 2012 no sirven para formar a un joven ya que esta reforma posibilita trabajar en las labores ordinarias de la empresa el 80% de la jornada laboral, lo que ha erigido a estos contratos en una fórmula casi fraudulenta de contratar; o a través de becas).

Estas cifras, además, están maquilladas; no reflejan el descenso de la población activa que supera el millón de personas y se suman otros subterfugios como la existencia de una tasa de actividad que no llega al 52%, la segunda más baja de Europa, y una preocupante feminización del desempleo a través de la proliferación de contratos a tiempo parcial, el 80% de los cuales se conciertan con mujeres que pretenden conciliar la vida laboral y familiar pero que no siempre pueden hacerlo.

Todas estas circunstancias requerirían un gran pacto con los interlocutores sociales, agentes económicos, organizaciones sindicales y empresariales para encontrar soluciones compartidas y no para fundamentar las campañas electorales.

En Euskadi, afortunadamente las cosas van mejor. Son palabras de José Manuel Salazar-Xirinachs, subdirector general de la Organización Internacional del Trabajo, quien, en una reciente visita a Euskadi, afirmó estar impresionado por la cultura de colaboración entre el sector público, centros formativos y empresas de Euskadi y valoró las políticas de promoción del empleo de Euskadi como las más adecuadas para la generación de empleo.

Actuaciones consistentes en incentivar la incorporación de los jóvenes en calidad de socios trabajadores y de trabajo a las sociedades cooperativas y laborales; fomentar las Sociedades de Garantía Recíproca, el acceso al crédito de autónomos jóvenes y entidades del tercer sector; impulsar créditos de formación certificable de duración variable que mejoran la cualificación profesional, flexibilizar el acceso a la formación, potenciar la formación a distancia y reconocer los aprendizajes informales; posibilitar el desarrollo de una formación en alternancia real y una formación dual como la que se aplica en países que no poseen problemas de empleo como Alemania, Suiza o Austria; adaptar a la formación de los jóvenes las competencias requeridas por las empresas en el ámbito de las TIC; articular mecanismos que posibiliten el acceso al capital circulante para la puesta en marcha de actividades empresariales de carácter autónomo o microempresas o empresas de economía social; y utilizar, como en los países más avanzados de la UE, los denominados activos de gran experiencia o seniors, que son trabajadores jubilados o prejubilados de alta cualificación que pueden complementar la especialización de los jóvenes emprendedores en ámbitos que no dominan como la gestión empresarial, la promoción del producto, la búsqueda de financiación? Todo esto es lo que se debe hacer en opinión del subdirector general de la OIT y todo esto está incardinado en la gestión de las políticas activas de Euskadi. Y es lo que propusimos el pasado martes en una iniciativa presentada por nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso, apoyada por todos los grupos menos por el del partido gobernante, el Partido Popular, que usó su mayoría absoluta para algo tan decepcionante como perder la oportunidad de mejorar las políticas de empleo (no son palabras nuestras, son palabras de portavoces de varios Grupos de la oposición).

En este contexto, la Administración General del Estado no solo no colabora sino que pervierte la gestión de las competencias autonómicas, pervierte incluso la mera noción de competencia. Un ministerio como el de Empleo y Seguridad Social, particularmente jacobino en sus planteamientos, ha atropellado la promoción del empleo en Euskadi a través de diversos planes como: el de Garantía Juvenil, la Tarifa Plana, Plan de Empleo de Jóvenes o la Estrategia de Empleo 2014-2016, convirtiendo las competencias autonómicas en una suerte de competencia subordinadas a las estatales que no solo deben asumir las directrices dictadas por el Estado sino someterse posteriormente a una evaluación, control o examen de la eficacia de su aplicación.

Esta forma de proceder no solo invade el ámbito competencial autonómico sino el propio Principio Dispositivo que constitucionalmente configura la estructura autonómica del Estado español.

En Euskadi seguiremos haciendo las cosas bien, tenemos estructuras económicas basadas en una industria internacionalizada y con gran capacidad de exportación, unas instituciones financieras saneadas que poseen los mayores ratings de solvencia del Estado y unas políticas de promoción del empleo adecuadas. Sin triunfalismos, podemos tener la esperanza de que se pueda cumplir algo tan vinculado a la dignidad de las personas como que quien quiera trabajar pueda hacerlo.