Ertzaintza

al margen de que el truco argumental no haya tenido mucha credibilidad social, el terrorismo (y sus brazos auxiliares de la kale borroka) se ha escudado en él para golpear a la institución vasca cuantas veces ha podido. Y golpeó con especial saña al organismo gubernamental más expuesto a su zarpazo, la Ertzaintza, que ejercía en primera línea de fuego la responsabilidad de proteger la vida, la libertad y los bienes de todas las personas amenazadas, de acuerdo con la misión que se le había encomendado por los propios ciudadanos vascos.

A la crudeza de esta lucha, se añadió la desafección social activa que, respecto de la policía vasca, promovió durante décadas la izquierda abertzale y que tuvo su mayor expansión en el territorio de Gipuzkoa. Como la forma predominante en la que se desarrolló el enfrentamiento fue armada, la gente corriente delegó su defensa en la fuerza pública. Además, la presión de la lucha obligó a repliegues forzosos del espacio público que habría que revertir en cuanto se produjera la oportunidad. Aun así, se debería entender el conflicto vivido como una experiencia en la que se puso a prueba la capacidad del cuerpo policial vasco de afrontar las más difíciles situaciones. Y de las que ha sabido salir airoso en el contraste con los indicadores de valoración social, que muestran que los vascos, en su mayoría, confían en la Ertzaintza.

ETA, el enemigo del país, abandona las armas. Y aunque su movimiento no cede en la confrontación, sí se abre otra dimensión. Vienen tiempos de activación social. Ésta puede ser una buena ocasión para revertir el repliegue de las fuerzas institucionales y poner de manifiesto su legitimación social, con una apuesta proactiva por una convivencia de calidad en todos los rincones del país. En el nuevo Departamento de Seguridad hay una firme resolución política para completar esta misión para el año 2016.

La convivencia no será enteramente sostenible y segura solo por el hecho de compartir códigos morales -o suelos éticos- que nos identifiquen como sociedad. Necesitaremos asimismo una sociedad organizada, en la que se valoren la autorresponsabilidad, los vínculos sociales y el capital asociativo de las personas. Tengamos en cuenta que la inseguridad desciende en la medida en que crece la vitalidad de las relaciones horizontales de convivencia en un barrio o pueblo. El incremento, a su vez, de la inseguridad en los espacios públicos provoca un deterioro de la vida social.

La seguridad es un bien común, de cuya responsabilidad no pueden abdicar ni los ciudadanos ni el colectivo social. Tal responsabilidad existe de manera natural, y aunque pueda ser comisionada a los poderes públicos o a empresas privadas, es más efectiva cuando se produce la imbricación de las comunidades vecinales o sectoriales con la autoridad pública en el seguimiento de los problemas de la seguridad. Ambos -vecindario y autoridad- habrían de compartir responsabilidades en esa tarea en un contexto de control y confianza recíproca. Conseguiríamos así una activación social e institucional para la convivencia.

Por eso, entiendo que cuando la consejera de Seguridad proclama “Ertzaintza Kalean” quiere indicar algo que va más allá de la multiplicación de patrullas de ronda a pie de calle, cosa que no deja de ser una buena noticia por sí misma. El auzolan es posible también en el ámbito del orden y la seguridad públicos. Los vecinos y los colectivos afectados podrían ayudar a la policía a fijar un mapa de riesgos más ajustado a las demandas más acuciantes para cada comunidad, a la vez que se establecería una relación bilateral transparente, que conllevaría varias consecuencias más, una interrelación cada vez más estrecha, en la que se podría recurrir a la mediación para resolver los pequeños conflictos cotidianos, y un control mutuo que mejoraría la calidad del servicio público. En resumen, los conceptos que quedarían implicados en esta activación social serían: autoridad, vecindad y responsabilidad (individual y colectiva) compartida.

La Ertzaintza transita, en definitiva, hacia un modelo que puede encontrarse en el punto intermedio entre la clásica patrulla de policía, a quien se transfieren plenamente las funciones de vigilar y actuar, y la alarma de incendios, en la que cualquier vecino puede tocar a rebato. Hay que ser consciente que el avance hacia este modelo requiere que la decisión del Departamento encaje con el compromiso cívico de los ciudadanos vascos. Y no tengo duda de que así será, que la concepción de la seguridad como una responsabilidad común de las instituciones y la ciudadanía tiene un asiento perfecto en la base cultural de este pueblo.