NO le falta razón a Luis Roldán cuando afirma que él ha pagado por sus fechorías con quince años de reclusión penitenciaria -aunque desde 2005 disfrutaba del segundo grado- cuando otros "se han ido de rositas o casi de rositas". Entre ellos, el ex presidente foral Gabriel Urralburu y su ex consejero de Obras Públicas Antonio Aragón, que, demostrada su participación en la trama urdida en Navarra para cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas bajo los auspicios del testaferro de Roldán (Jorge Esparza), zanjaron su ilícito enriquecimiento patrimonial con penas de cárcel de no más de cuatro años que, por descontado, no cumplieron en su integridad. La salida formal de prisión del ex director general de la Guardia Civil supone que todos los protagonistas principales de la corrupción que afloró en los estertores del felipismo ya están en la calle. Con las circunstancias agravantes de que, con contadísimas excepciones, no han devuelto nada de lo sustraído -en el caso del también ex director general de la Guardia Civil se estima su botín en diez millones de euros, más propiedades que superan otros tres-, además de que sólo han estado a la sombra, como mucho, la mitad de lo que fijaron las diversas sentencias judiciales firmes tras los pertinentes recursos de los encausados a los fallos de primera instancia. Más allá del irreparable daño causado a las arcas públicas -y en el caso concreto de Navarra de la minorización social del PSN en beneficio de la hegemonía de UPN, primero como consecuencia del envilecimiento de Urralburu y más tarde por la caída del tripartido de Otano al aflorar otra cuenta suiza-, el devenir de la historia ha demostrado que aquellos escándalos no han servido para poner coto a la corrupción. Que ha seguido campando a sus anchas, promovida por los especuladores que circundan el poder, y que ha afectado a todos los partidos, bien es cierto que no en igual medida. Un grave problema que los propios partidos no han sabido afrontar, pese a cómo socava su credibilidad entre los sufridos contribuyentes, pero al que tampoco está respondiendo de manera conveniente la Justicia, como se demuestra de forma palmaria con el caso Gürtel. Lamentablemente, la pregunta que se hace la ciudadanía no es cuántos Roldanes quedan en la cárcel, sino cuántos permanecen en las instituciones traficando influencias, manoseando fondos públicos, asidos a la prebenda.