La Justicia de Hong Kong ha sentenciado este lunes al activista y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai a 20 años de prisión por cargos de conspiración para coludir con fuerzas externas y para publicar publicaciones sediciosas, casi dos meses después de haberlo declarado culpable de delitos que le podrían haber acarreado la cadena perpetua.
El veredicto, además de a Lai, de 78 años, afecta también a sus tres compañías Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited, creadas en torno al diario 'Apple Daily', que ha sido clasificado como sedicioso por parte del Tribunal Superior de Hong Kong, según ha recogido la agencia de noticias china Xinhua.
La corte ha condenado a Lai y a las tres entidades por un cargo de conspiración para publicar una publicación sediciosa y un cargo de conspiración para entrar en colusión con fuerzas extranjeras. A título individual, el magnate ha sido también condenado por otra acusación como la segunda.
Los magistrados han emitido asimismo la sentencia contra seis ex altos cargos del diario que se habían declarado culpables y que han recibido condenas desde los seis años y nueve meses hasta los diez años de cárcel, mientras que otros dos activistas han sido sentenciados a siete años y tres meses de prisión, según ha recogido el diario 'South China Morning Post'.
De este modo y con una vista de apenas diez minutos ha concluido un proceso legal iniciado en 2023, si bien no era la primera vez de Lai ante la Justicia, pues ya había sido arrestado en diciembre de 2020 en virtud de la controvertida ley de seguridad nacional --promovida desde Pekín para criminalizar cuestiones como la sedición o la injerencia extranjera en Hong Kong--, momento desde el cual ha permanecido detenido. Asimismo, Lai fue condenado a 5 años y 9 meses de cárcel en abril de 2021 por fraude y participación en una protesta no autorizada, en un caso que derivó a su vez en penas de cárcel para varios representantes más de la oposición.
REACCIÓN DE CHINA
Tras ello, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha recalcado que "Jimmy Lai es ciudadano chino" y ha argumentado que "sus acciones socavaron gravemente la línea de flotación del principio de 'un país dos sistemas' y pusieron en grave peligro la seguridad nacional".
Así, Lin ha hecho hincapié en que Jimmy Lai "dañó gravemente la prosperidad, estabilidad y bienestar de los ciudadanos de Hong Kong", por lo que ha defendido que "merece un duro castigo según la ley", en la primera valoración desde Pekín de la condena contra el magnate, según ha recogido el diario 'Global Times'.
"Hong Kong es una sociedad regida por el Estado de derecho", ha recalcado, al tiempo que ha incidido en que "las autoridades judiciales hongkonesas llevan a cabo sus funciones en línea con la ley, mantienen la autoridad de la ley y salvaguardan la seguridad nacional de forma razonable, legal y ajena a cualquier reproche".
"El Gobierno central apoya firmemente a las autoridades de Hong Kong a la hora de salvaguardar la seguridad nacional, en línea con la ley, y a la hora de castigar crímenes que la ponen en peligro", ha argüido Lin, quien ha insistido en que "los casos judiciales son un asunto interno de Hong Kong", ante las críticas internacionales al proceso contra Jimmy Lai.
En esta línea, ha reclamado a todos los países que "respeten la soberanía de China y el Estado de derecho en Hong Kong", que "eviten hacer comentarios irresponsables sobre los procedimientos judiciales en Hong Kong" y que "dejen de interferir en los asuntos judiciales o en los asuntos internos de China, de cualquier manera posible".
El magnate de los medios de comunicación se ha convertido en uno de los símbolos de la persecución contra la oposición política en Hong Kong, donde aún colean los ecos de las protestas masivas contra el Gobierno de Carrie Lam que se iniciaron en 2019. La movilización no tenía precedentes desde que Reino Unido cedió la soberanía del territorio a China en 1997.
La actuación de las autoridades chinas en este caso ha sido objeto de numerosas críticas internacionales, como las emitidas por la Unión Europea o la ONG Human Rights Watch tras su declaración de culpabilidad en diciembre de 2025.
