El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala acató este viernes la orden de un juez penal y canceló el partido político Movimiento Semilla, que llevó al poder al presidente, Bernardo Arévalo de León.

El registro informó mediante una resolución que decidió "cancelar la personalidad jurídica" del Movimiento Semilla a petición del juez penal Fredy Orellana, quien ordenó la anulación definitiva de esta agrupación este jueves.

La resolución llega tras un proceso judicial contra el partido oficial promulgado por el Ministerio Público (Fiscalía), que desde 2023 mantiene una persecución contra Arévalo de León y las principales figuras de Semilla después de haber ganado de forma inesperada las elecciones pasadas.

"Hicieron una ridícula e ilegal acción para cancelar al Movimiento Semilla y mantener el atraso antidemocrático vigente en Guatemala", declaró la diputada oficialista Andrea Reyes durante una conferencia de prensa en el Legislativo, tras la decisión de cancelar al partido.

Reyes agregó que con dos amparos presentados buscarán dejar sin validez la cancelación del Movimiento Semilla y aseguró que "les molesta que bajo el estatus suspendido del partido hemos logrado promover y legislar cambios para el país".

Los amparos fueron presentados ante el Tribunal Supremo Electoral y este ente debe emitir una resolución en un plazo no establecido, detalló la bancada oficialista.

Samuel Pérez, diputado y líder de la bancada Semilla, anunció que denunciaran penalmente al juez Fredy Orellana por haber emitido una orden de cancelación que no está establecida dentro de sus funciones.

La cancelación del partido llegó 78 horas después de que el Congreso de la República reformó el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, norma legal que se había utilizado para mantener la suspensión de Semilla.

El presidente aún no se ha pronunciado

El presidente Arévalo de León no ha emitido una postura sobre el tema pero una fuente del Ejecutivo informó a EFE de que próximamente citará a la fiscal general, Consuelo Porras, para discutir sobre su papel al frente del Ministerio Público.

Porras y la cúpula del Ministerio Público, al igual que el juez Orellana, están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por considerar "antidemocráticos" los ataques contra el partido oficial y los intentos por anular los resultados electorales de 2023.