Un juez estadounidense suspendió este jueves la entrada en vigor de una polémica ley de Texas que permite a las autoridades policiales detener y expulsar a migrantes que sean sospechosos de haber ingresado de forma ilegal a Estados Unidos, informaron los demandantes.
La ley, cuya entrada en vigor estaba prevista para el próximo lunes, es una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia estadounidense.
Los defensores de los migrantes han advertido que la ley conducirá directamente a la discriminación racial, en especial contra los hispanos.
Grupos de defensa de los derechos civiles encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentaron una demanda contra la medida (SB 88-4) en diciembre pasado, a pocos días de ser firmada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, principal impulsor de la medida.
Los demandantes alegan que la ley es inconstitucional porque viola la supremacía de la ley federal, que regula la inmigración en EE.UU. sobre las medidas aprobadas por un estado.
La ley convierte en delito menor el que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin que medie proceso legal. Asimismo, los agentes de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
Anand Balakrishnan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo en un comunicado que la decisión del tribunal federal "confirma" la ilegalidad de la medida.
Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, otra de las organizaciones demandantes, subrayó que la única manera "de arreglar nuestro fallido sistema de inmigración es a través de la acción del Congreso federal, no de la acción estatal individual".
La decisión temporal emitida por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas tiene lugar cuando el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, por separado, llegaron este jueves a la frontera sur de ese estado para avanzar sus campañas electorales en torno a la inmigración.
El mandatario estadounidense se reúne con miembros de la Patrulla Fronteriza y las autoridades y líderes locales en Brownsville, mientras, Trump estará a 500 kilómetros al noreste en Eagle Pass, donde Abbott ha instaurado varias medidas que retan el poder federal sobre inmigración.
Los demandantes anticiparon que lo más probable es que el Gobierno de Texas apele la decisión temporal de la corte.
La ley produjo el rechazo de gobiernos locales como el de El Paso que participó en la demanda.
Iliana Holguín, comisionada (concejal) de ese condado aplaudió en un comunicado la decisión de la corte y dijo que la ley "impondría una carga indebida a los contribuyentes locales, al tiempo que abriría la puerta a posibles violaciones de los derechos civiles de los residentes fronterizos".
