Imagínense ustedes un gobierno en que jueces y fiscales ocupan sus puestos por haber ganado unas elecciones y un sistema de justicia en que las diferentes provincias tienen leyes propias que no coinciden necesariamente con las del gobierno central ni de las otras provincias. Cambien ustedes ahora las provincias por estados y cambien también un país mediano por un gigante de dimensiones continentales y tendrán el sistema judicial de Estados Unidos. Si a esto le sumamos las peculiaridades del sistema de justicia anglosajón, basado en precedentes y tan distinto del romano que conocemos por nuestras latitudes, acabarán de imaginarse la complicación que representa cualquier decisión -y causa judicial- en los tribunales del país.
Porque hay tribunales federales, con leyes que todo el mundo conoce o podría conocer, y también hay tribunales peculiares de cada uno de los 50 estados, con leyes y normativas propias y que pueden extender su jurisdicción a residentes de otros estados, si sus acciones están de alguna forma relacionadas con ellos.
Si ahora añadimos los enfrentamientos políticos regulares que traen las elecciones federales cada cuatro años –o las estatales cada dos–, no cuesta imaginar el laberinto que han de sortear letrados, acusados y demandantes. Les leyes federales, si bien teóricamente tienen prioridad ante las locales, tienen poco efecto en las acciones jurídicas de los 50 estados: cada uno tiene su propio Tribunal Supremo que no sigue necesariamente las normas dictadas por el Supremo del gobierno federal.
La situación se puso de manifiesto a todos hace pocos días, cuando un tribunal del estado de Georgia anunció cargos contra el ex presidente Trump por su conducta después de las elecciones presidenciales de 2020: no solamente Trump, sino también otras 18 personas que habían colaborado con él fueron procesadas, incluidos sus abogados y jefes de gabinete.
Unos, al igual que Trump, fueron acusados de múltiples cargos –exactamente 13 en el caso de Trump– mientras que casi todo el resto solo tuvo una única acusación compartida por todos, que normalmente se aplica a las actividades de la mafia.
De repente, ex ministros, el ex presidente Trump y altos funcionarias se convierten en sospechosos de actividades mafiosas y uno de los fiscales del estado de Georgia no solamente los ha encausado, sino que les exige que se entreguen a la justicia local, que tiene la autoridad para meterlos en la cárcel mientras dure su procesamiento… algo que puede durar varios meses.
Esto significa que Trump, el candidato con mayor intención de voto en el Partido Republicano, podría teóricamente pasar la campaña electoral en la celda de una cárcel del estado de Georgia, donde esperaría el resultado del juicio. Y no sería por poco tiempo, porque tan solo seleccionar el jurado puede durar varios meses. Si la fiscal decide aplicarle prisión preventiva, Trump no podrá hacer sus giras electorales como candidato presidencial y muchos de sus ex altos funcionarios habrán de abandonar sus cargos y puestos de trabajo, independientemente de que acaben absueltos o declarados culpables al final del proceso, cuya duración aún no se puede determinar.
La situación de Hunder Biden
Mientras esto ocurre, la familia del actual presidente Joe Biden, especialmente su único hijo varón Hunder Biden, es tratado con auténtico mimo por la justicia: en negociaciones previas al juicio que aún no ha empezado, se acordó aplicar a Hunter Biden una valoración de “falta” por acciones que normalmente son juzgadas y sentenciadas como delitos graves, mientras que el fiscal aceptó sin más las afirmaciones del padre y presidente de que no tenía ningún conocimiento de las actividades de su hijo…. a pesar de que ha ido acumulando millones en las cuentas bancarias de toda la familia.
Joe Biden, durante décadas uno de los senadores más pobres del país, ha amasado una fortuna de millones de dólares desde que se convirtió en vicepresidente, en buena parte gracias a la venta de sus libros, pero parece que también gracias a los negocios que el hijo podía hacer invocando su parentesco.
Algunos negocios del hijo eran de una legalidad dudosa porque hay sospechas de que vendía más la influencia de su padre que sus propios conocimientos.
El presidente Biden, quien repetía hasta la saciedad que nunca había hablado con su hijo de su trabajo en Ucrania, últimamente ha tenido que cambiar las afirmaciones y solo dice que no “participaba” en tales negocios. Lo ha tenido que hacer porque últimamente se ha sabido que acudía a algunas reuniones del hijo con las empresas que lo sobornaban.
Esta disparidad es posible, en parte, por el sistema jurídico norteamericano que permite todo tipo de componendas, pero también porque el poder ejecutivo está ahora en manos de Biden y el expresidente Trump es el republicano con más posibilidades de enfrentarse a él en las próximas elecciones.
