Riad - El joven Ali Mohammed al-Nimr, condenado el 27 de mayo de 2014 por un tribunal de Arabia Saudí, puede ser decapitado y crucificado en cualquier momento, sin que sea notificado a su familia. El detenido presentó apelación contra la condena, pero fue rechazada en última instancia. Diversos organismos internacionales defensores de los derechos humanos han señalado que se trata de una sentencia arbitraria y opuesta al Derecho Internacional.
Ali Mohammed al-Nimr fue detenido el 14 de febrero de 2012 cuando tenía 17 años, por protestar contra el Gobierno en la provincia chiita de Qatif. Trasladado a la comisaría, fue acusado de participar en “manifestaciones ilegales”, de posesión ilícita de armas de fuego y de arrojar bombas molotov a las patrullas de la Policía.
Según el periódico Middle East Monitor, Ali, que inicialmente fue retenido en un centro de menores, sufrió tortura, se le hizo firmar una autoconfesión y se le juzgó sin garantías legales, condenádolo a muerte, bajo la modalidad de crucifixión, en mayo de 2014.
PERSECUCIÓN FAMILIAR El periódico The Washington Times cree que la sentencia contra el joven podría ser una persecución contra su familia, ya que Ali es sobrino del líder religioso y destacado activista de los derechos humanos, Sheikh Nimr al-Nimr, de 53 años, quien también fue condenado a muerte en 2014. Sheikh Nimr al-Nimr fue acusado de terrorismo y de “hacer la guerra a Dios” por sus discursos durante las protestas contra el Gobierno en la ciudad de Qatif, al oeste de la península arábiga.
Desde hace varias semanas, diversas campañas humanitarias han pedido a la Unión Europea que intervenga para evitar esta ejecución. Concretamente, Amnistía Internacional, en un comunicado, llamó a escribir numerosos emails y correos al rey de Arabia Saudí, Salmán, a fin de hacer anular esta ejecución.
Maya Foa, activista de derechos humanos de la ONG Reprieve ha declarado que “nadie debería tener que pasar el calvario de torturas y confesiones forzadas que ha sufrido Ali Mohammed al-Nimr”.
LA LEY ISLÁMICA La sentencia dictada contra Ali Mohammed al-Nimr es una aplicación muy rigurosa de la ley islámica que se impone en casos de homicidio, violación, robo a mano armada, tráfico de drogas, brujería, adulterio, sodomía, homosexualidad, bandolerismo en autovías, sabotaje o apostasía por renuncia al Islam.
El reo primero es decapitado y después la cabeza es recosida al cuerpo. Luego el cadáver es atado a un palo o viga en un lugar público. A veces los palos forman una cruz, de donde viene el uso del término “crucifixión”.
El reino wahabí ha decidido reducir el número de decapitaciones seguidas por crucifixiones, promoviendo, en su lugar, la decapitación o el fusilamiento de los condenados a muerte, sobre todo por temor a las repercusiones que tales métodos podrían tener en la opinión pública internacional, que ha permanecido, sin embargo, silenciosa en relación a este tipo de ejecuciones.
El último caso de decapitación seguida por crucifixión había tenido lugar precisamente en 2013. En aquella ocasión, sin embargo, la utilización de semejante método de ejecución buscó según observadores internacionales enviar un mensaje inequívoco a los opositores al régimen absolutista monárquico. Sin embargo, el pasado mes de mayo volvió a ser decapitado y posteriormente crucificado un hombre identificado como Ahmed bin ‘Adhaib bin ‘Askar al-Shamlani al-‘Anzi.
SIETE EJECUCIONES Amnistía Internacional ha denunciado en un comunicado que las autoridades de Arabia Saudí ejecutarán mañana martes a siete personas condenadas por robo a mano armada, a pesar de que cuando cometieron el delito eran menores de 18 años, según Europa Press. Los siete fueron condenados en 2009, tres años después de cometer el delito. En febrero, el rey Abdulá ratificó las sentencias. Amnistía ha denunciado que seis serán fusilados, mientras que uno será crucificado después de morir. “Durante su interrogatorio recibieron fuertes palizas, les negaron la comida y el agua, les impidieron dormir, les tuvieron catorce horas seguidas de pie y les obligaron a firmar a la fuerza confesiones”, ha criticado la ONG.
“Estuvieron tres años y medio recluidos en prisión antes de ser juzgados. Finalmente, cuando llegó el juicio, en 2009, este apenas duró unas horas y no tuvieron asistencia letrada ni derecho de apelación”, ha afirmado Amnistía Interncional. El número de decapitaciones sin crucifixión ha aumentado sustancialmente a lo largo de 2015 con respecto al año 2014.
