Hay coincidencia en que la desclasificación de los archivos secretos sobre el golpe de estado del 23 de febrero de 1981 no han desvelado nada con capacidad de modificar el relato oficial sobre aquel episodio. La duda que surge es si realmente no hay nada más allá que lo que muestran los documentos publicados 45 años después o si existe material inconfesable que sigue oculto en algún archivo blindado. Otra alternativa es que, sencillamente, lo importante haya sido destruido. Pero la decisión de desclasificar estos papeles no ha sido inocua. En la información sobre los documentos que se han publicado en la mayoría de los medios del Estado se ha puesto el foco en el rey emérito y en su papel clave para que el golpe fracasara. Todo parece un intento de restauración de su imagen a modo de salvoconducto para que regrese a España. Pelillos a la mar sobre la causa que motivó su exilio dorado en la península arábiga. En esa línea apuntan los pronunciamientos que se han sucedido del Gobierno español, el líder del PP y la Casa Real. En cualquier caso, todo este asunto de las desclasificaciones de archivos históricos abre una interrogante sobre lo que podemos descubrir con los casos que afectan a la historia de Euskal Herria y la conveniencia de explorar esta vía para oficializar versiones que no admiten dudas para la sociedad vasca. Por ejemplo, el caso de Mikel Zabalza. A ver si en la carpeta que el Estado mantiene bajo llave solo quedan papeles que sostienen la tesis que trató de colar la Guardia Civil.
