En este arranque de legislatura, los consejeros y consejeras están desgranando en sede parlamentaria los principales objetivos de sus departamentos para los próximos cuatro años. En algunos casos, se da continuidad a líneas de actuación que vienen determinadas por sus predecesores, pero en otros, como en el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, que ha pasado a manos socialistas, se anuncian enfoques para modular las políticas que se venían haciendo hasta ahora. La consejera María Jesús San José ha comparecido esta semana en el parlamento y ha dicho que buscará una “memoria crítica” que deslegitime todo tipo de violencia. En ese objetivo se encuadraría una mayor exigencia a los presos de ETA para depurar su pasado violento antes de su reinserción social o medidas como sancionar la exhibición “acrítica” de imágenes de esos mismos reclusos. También ha expresado su deseo de abrir “una nueva línea” en Gogora, el instituto de la memoria, donde vé “mucho” margen de mejora. “El rigor histórico es muy importante y nadie tiene el monopolio del relato”, añade San José. Precisamente, esta semana la comisión parlamentaria de Derechos Humanos ha designado a las personas que van a formar parte del consejo de dirección de Gogora. Entre las cinco nombradas hay dos víctimas de ETA, mientras se ha excluido a otra de la Triple A. Dirán que es la consecuencia de los tejemanejes que se traen los partidos, pero lo que establece es una memoria no inclusiva, que amputa el relato y que es desigual en cuanto a la categoría de las víctimas.
