La nueva ley que prohibirá contratar la tarifa eléctrica de forma telefónica cuando es la comercializadora la que te llama sin haberlo pedido es la prueba evidente de que la ley para acabar con el spam telefónico (que apenas ha cumplido un año) no ha funcionado nunca y los usuarios seguimos tan indefensos, o más, que al principio. En resumen, el Gobierno prohibió llamar para ofertar nada a quien no quiere ser llamado, pero las compañías se escudan en que lo suyo no es publicidad no deseada, sino una llamada para formalizar un contrato y antes informan de las condiciones. Y por eso nos siguen llamando. Pero mucho me temo que esta nueva ley que busca resolver ese detalle que se les quedó sin atar, no va a ser más que un parche (otro) que ni aborda ni resuelve el problema más grave: el spam telefónico que viene de tantos sectores y no sólo de las compañías eléctricas. También de las del gas, de aseguradoras y, sobre todo, de las compañías telefónicas y de Internet, pero hay más. Si quisieran resolver el problema de una vez, sería tan sencillo como ampliar a todos los sectores la prohibición de contratar por teléfono sin que sea el cliente quien llame y, para evitar trampas, poner multas contundentes y dar derecho al usuario a recibir, de forma rápida y sencilla, una compensación económica por cada llamada indeseada que reciba. Vaya si se solucionaba.