La legislatura da sus primeros pasos y los nuevos consejeros verbalizan las que serán sus prioridades. Esta semana han asomado los responsables de los dos asuntos más candentes para la gente, la sanidad y la vivienda. Sobre este último, Denis Itxaso ha anunciado que va a convocar el miércoles al Pacto Social por la Vivienda de Euskadi, un órgano que reúne a los principales agentes con opinión sobre este acuciante y complejo problema. Ante la importante demanda insatisfecha no hay tiempo que perder. En materia de vivienda, las soluciones nunca son a corto plazo. Y cuando parece aclararse el horizonte, como en el caso de Donostia con la compraventa de los cuarteles de Loiola, surge un imprevisto en forma de legalidad urbanística que amenaza con echar al traste la operación; en el mejor de los casos, retrasar su desarrollo. El Ayuntamiento ha presentado sus alegaciones a este inesperado obstáculo, una estrategia de defensa de sentido común, en la medida en que, sostenido en argumentos técnicos, apela a la evidencia de un polígono lleno de edificaciones, infraestructuras, suministros y viales desde hace un siglo. Aplicar una ley muy posterior a esta realidad porque deja de ser un espacio vinculado a la defensa será muy legal pero es un despropósito administrativo que nadie puede creer que vaya a prosperar.