No sé si los cinco jueces del Tribunal Supremo que firman el auto que abre causa penal por terrorismo a Carles Puigdemont serían capaces de mirar a la cara de los familiares de las víctimas de los atentados yihadistas del 11 de marzo y sostener que extintores, vallas o carritos portaequipajes poseen un peligro equivalente al de una bomba. Eso es lo que han escrito en la resolución que se ha dado a conocer esta semana en relación a los incidentes que ocurrieron en el aeropuerto del Prat de Barcelona durante la protesta convocada por Tsunami Democratic contra la sentencia del ‘procés’: “...artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos, tales como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas, carritos metálicos o portaequipajes, que lanzaron contra los agentes de la autoridad”. Es un párrafo que retuerce el pasado para negar al expresidente catalán los efectos absolutorios de la ley de amnistía pero, al mismo tiempo, abona el futuro para convertir en delito terrorista lo que creíamos que eran incidentes o disturbios más o menos violentos. El auto, que más parece un escrito del fiscal o de un acusación particular porque prácticamente sentencia a Puigdemont, es también un misil en la línea de flotación de la negociación de la ley de amnistía, otro obstáculo en la compleja legislatura que le está tocando gestionar a Sánchez. La resolución judicial ha hecho bueno eso que en lenguaje comercial se conoce como ‘dos por uno’.
