Adivinen qué dijo Francisco Camps cuando en 2007 era presidente de la Generalitat Valenciana y anunció que la ciudad de Valencia acogería un Gran Premio (GP) de Fórmula 1: “No le costará ni un euro al ciudadano”. El año pasado la Generalitat todavía estaba pagando el agujerazo que dejó la ruinosa carrera. Se calcula que la Fórmula 1 provocó un boquete de 300 millones de euros en las arcas públicas. Ni siquiera se cumplió el contrato. Después de cinco ediciones (estaban previstas siete), el GP en el circuito urbano dejó de celebrarse. No se cumplieron ni las expectativas de ingresos ni las de público y, cómo no, el evento estuvo rodeado de oscurantismo, comisiones ilegales y sobornos. El martes se presentó el GP que Madrid organizará desde 2026 a 2035, también en un circuito urbano, y la locuaz Isabel Díaz Ayuso dijo que “no comprometerá ni un euro público”. No aportó ni una sola cifra del coste que tendrá el evento (el canon que se paga a los mandamases de la Fórmula 1 asciende a 49 millones anuales), pero sí hizo referencia a los beneficios y citó esas dos palabras que tanto gustan a los políticos: impacto económico. En Madrid, tachán, tachán, se calcula un impacto económico de 4.500 millones de euros y 8.000 empleos directos. Tiene toda la pinta de que el GP de Madrid va a ser otro pufo sobre ruedas, pero el papel lo aguanta todo.
