Pronto se cumplirán siete meses desde que el periodista vasco Pablo González fue detenido por agentes de la inteligencia polaca y encarcelado bajo la acusación de ser un espía al servicio de Rusia. Siete meses sin contacto con su familia ni con su abogado; siete meses privado de libertad en abuso de prisión preventiva; siete meses aislado en una celda insalubre sometido a vejaciones y humillaciones de sus guardianes; siete meses sin derecho a la presunción de inocencia ni a ser escuchado por un tribunal; siete meses, en definitiva, sin saber cuales son los motivos de su detención arbitraria, salvo que es periodista, que tiene la doble nacionalidad rusa y española y que cuando fue arrestado se encontraba realizando su trabajo en la frontera de Polonia con Ucrania para informar de las consecuencias de la invasión. Su caso es un catálogo de violaciones de los derechos más elementales que han quedado recogidos en la denuncia que ha presentado esta semana en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. No es casualidad que todo esto esté ocurriendo en un país como Polonia, donde la democracia hace tiempo que se encuentra en entredicho sin que las autoridades comunitarias sean capaces de embridar a sus dirigentes para homologar ese país a los estándares legales y humanitarios de los que presume la UE. El caso de Pablo González es un agujero negro en la Europa de las libertades. Y lo peor es la indiferencia que se observa en torno a su situación. Sirvan estas líneas para que no se olvide.