- Según varios estudios, la población de Azpeitia crecerá un 7% hasta 2035, mientras que el número de personas mayores se incrementará un 20%. Además, se prevé que en el plazo de una década (para 2031) más de 3.900 azpeitiarras (casi una cuarta parte de la población) tenga más de 65 años; con la particularidad de que para 2035 se estima que sean casi 500 las personas dependientes mayores de 80 años; lo que supone un incremento del 38% respecto a la situación actual.
Conscientes de los cambios demográficos que se avecinan, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Azpeitia han puesto en marcha un estudio encaminado a conocer la manera de optimizar los servicios y recursos sociales de la localidad a las nuevas necesidades.
La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, y la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, rubricaron el jueves un convenio de colaboración para desarrollar, de manera conjunta, “un proceso de reflexión y análisis de los recursos y servicios sociales de Azpeitia”. El fin último es “potenciar un ecosistema local de atención, promoviendo un nuevo modelo, aumentando la oferta de servicios sociales y adaptándolo a las nuevas necesidades”.
En palabras de Maite Peña, el camino a recorrer es “claro”. Según sus palabras, “hace tiempo que en Gipuzkoa apostamos por un modelo que se adapte a las demandas y necesidades de cada persona, una apuesta que se ha visto refrendada por la situación actual que vivimos a consecuencia del COVID-19”.
Con el acuerdo rubricado el jueves, la Diputación y el Consistorio quieren anticiparse y dar respuesta a las necesidades actuales y futuras. Según Peña, “el Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa ya plantea aumentar las plazas de los servicios de atención a las personas mayores en Urola Kosta pero, además, los cambios demográficos que se están produciendo van a hacer necesario aumentar la oferta de servicios sociales en atención primaria y secundaria”.
En la misma línea, Nagore Alkorta subrayó la necesidad de empezar a trabajar “desde ya mismo” en la respuesta a las nuevas necesidades. A su entender, “toda la ciudadanía tiene derecho a ser atendida y corresponde a las instituciones públicas ofrecer recursos para garantizarlo. Debemos velar y garantizar la calidad de vida de todas y todos y para ello vamos a estudiar nuevos modelos de atención”.
El análisis que se inicia ahora “con una fase de diagnóstico”, continuará “con la construcción de recursos para responder a necesidades que a día de hoy no se cubren”. Además, “se construirá un modelo de atención más personalizado que potencie el cuidado en el hogar y las relaciones familiares y comunitarias”.
