- Una nueva modificación del contrato para la construcción del edificio del polideportivo de Altza retrasará tres y medio su apertura sobre lo previsto, por lo que no podrá tener lugar antes de octubre. Según la nueva fecha de fin de obra, el edificio que se está terminando junto a la vaguada de Larres deberá estar concluido el último día del mes de septiembre. Después de ello, será necesario finalizar todo el equipamiento interior del complejo, por lo que se desconoce cuándo se podrá utilizar.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Donostia tiene previsto dar hoy su visto bueno a la segunda modificación del contrato de obras de este edificio que, además de añadir tres meses y medio al plazo, eleva un 12,6% el coste de la obra y la sitúa en 14,6 millones de euros (IVA incluido).

La actuación, que se adjudicó en abril de 2019 a la UTE compuesta por Acciona y Altuna y Uria por 12,4 millones de euros y un plazo de 18 meses, ya sufrió un primer incremento económico y de plazo en junio de 2020. Entonces, el Ayuntamiento dio luz verde a un aumento de coste de 4,6% (el precio se situó en 13 millones IVA incluido) y tres meses más de obras, que tenían que haber terminado a finales de marzo.

Aunque el Ayuntamiento contemplaba poder abrir la nueva instalación seis meses después, coincidiendo con el inicio del curso, se desconoce ahora cuál será la fecha fijada tras la segunda modificación del contrato de obras. El cambio se basa, tanto "circunstancias sobrevenidas" como en otras no sustanciales.

El polideportivo de Altza es una de las inversiones del Ayuntamiento de Donostia que en los últimos tiempos más escollos se ha encontrado para desarrollarse. Para empezar, no pudo comenzar cuando se preveía, ya que en 2017 se descubrió que existía amianto en el subsuelo del solar y fue necesario paralizar los planes para anular los posibles efectos del material contaminantes antes de llevar a cabo la construcción.

Después, una vez comenzada la obra, la adjudicataria rescindió su contrato con la subcontrata Fermín Group Ibérica, que había dejado a operarios de Ponferrada, Madrid y otras localidades sin cobrar, además de dejar a deber sus comidas, entre otras irregularidades.