- Etxegintza exoneró del pago de su alquiler a 213 familias durante el confinamiento de la pasada primavera. La cifra es significativa, y representa algo más del 10% de los inquilinos del parque municipal de viviendas públicas.
El dato lo ofreció ayer la concejala Nekane Arzallus en la comisión de Urbanismo en respuesta a una interpelación de Elkarrekin Donostia al respecto. Arzallus detalló que se recibieron un total de 240 solicitudes para ser exonerados del pago. De ellas, 24 fueron rechazadas y hubo dos casos más en los que hubo una renuncia voluntaria por parte de los solicitantes debido, probablemente, a que su situación laboral había mejorado.
La posibilidad de exonerar del pago a los ocupantes de la vivienda pública en situación de vulnerabilidad se aprobó al sumarse el Ayuntamiento a las medidas decretadas por el Gobierno Vasco en este ámbito y se aplicó durante los meses de marzo, abril y mayo. Se permitió solicitar esa exoneración a inquilinos que se quedaron en paro por la crisis sanitaria y a autónomos o empresarios con pérdidas del 40% o más, en casos en los que la renta de alquiler más los gastos de comunidad y suministros básicos eran superiores al 30% de los ingresos netos de la unidad familiar.
Arzallus declaró que ahora la situación es algo diferente aunque habrá que estudiarla, ya que también hay personas empleadas en varios sectores que siguen estando afectadas directamente por las restricciones de movilidad y el cierre de la hostelería, a pesar de que la actividad industrial y comercial se mantiene.
La concejala de Urbanismo añadió, además, que Etxegintza no ha ejecutado ningún deshaucio a sus inquilinos por no poder hacer frente al alquiler y que tampoco lo hará. En ese sentido, explicó que cuando constatan que hay quien tiene dificultades para hacer frente al importe se ponen en contacto con el área de Acción Social para estudiar el caso.
La comisión de Urbanismo de ayer dio, además, el visto bueno al plan en Teresategi y a consolidar la actividad industrial en Papin. Además, todos los grupos apoyaron defender la decisión del Ayuntamiento de desestimar el desarrollo de Basozabal, que sus promotores han llevado al TSJPV.
