- El colectivo SOS Racismo acusó ayer al Ayuntamiento de Donostia de “eludir su responsabilidad” con las personas que viven en la calle y en pabellones ocupados, como los de El Infierno, donde el pasado lunes se produjo una operación policial que tacharon de “criminalizadora”. En ella fueron identificadas 62 personas, 13 de las cuales pasaron a manos de la Policía Nacional para comprobar su situación de extranjería. Además se localizaron tres menores, una de ellos dada por desaparecida, y fue detenido un hombre por infringir una orden de alejamiento. Una treintena de bicicletas sustraídas fueron recuperadas.

La operación, en la que tomaron parte la Guardia Municipal, la Er-tzaintza y la Policía Nacional, tuvo su origen en la “seguridad ciudadana”, según aseguró el alcalde, Eneko Goia, el pasado martes. Sin embargo, SOS Racismo criticó que “el motivo alegado es siempre el mismo, la comisión de algún tipo de delito: robos, actuación violenta…”, pero “las autoridades municipales aprovechan para presentar la situación de las personas que habitan en ese espacio como un problema de orden público”.

SOS Racismo aseguró que en la actuación policial se repitieron cuestiones ya criticadas en el pasado: “colaboración de Policía Municipal y Ertzaintza en materia de extranjería, que no es de su competencia, con el resultado de la incoación de expulsiones a personas que no tienen su situación regularizada, sustracción de documentación identificativa (pasaporte) necesaria para las gestiones ordinarias, ocultación del número de identificación de los policías que intervienen y destrozos innecesarios en los registros que precarizan aún más las condiciones de vida de sus moradores”.

Asimismo, el colectivo insistió en que “se incide en una versión criminalizadora de estas personas” y se atribuyen a todos los residentes “actos incívicos que cometan algunas personas”. Asimismo, SOS Racismo dijo que todo ello “es injusto para la mayoría de quienes se ven obligados a habitar allí, al carecer de alternativas, y sirve al Ayuntamiento para eludir su responsabilidad en el mantenimiento de esta situación”.

Críticas similares fueron pronunciadas también ayer por el colectivo Infierno Bizirik, que convocó una marcha de protesta “contra el racismo” el domingo a las 12.00 horas, con salida en El Infierno. El grupo señaló que en la zona viven un centenar de personas de Brasil, Afganistán, Nigeria, Marruecos, Argelia, Sahara Occidental, Euskal Herria, Guinea, Senegal, Costa de Marfil, Mali, Gabón y Gambia. Asimismo, el grupo aseguró que es un barrio “en el que la policía agrede de manera constante a la población migrada, sobre todo a la de África y Oriente Medio”. “Nos quieren sin techo, nos quieren hacer desaparecer, nos quieren limpiar”, dijeron.